"La fuerza de la palabra está en su difusión"
PUEBLA.-Agosto 16 del 2022.-De la mano con la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, ambos espacios de la IBERO Puebla, representantes del Ejido La Candelaria (San Cristóbal de las Casas, Chiapas) lanzaron un llamado al reconocimiento del gobierno comunitario establecido por la Asamblea Comunitaria, denominado Jlumaltik en lengua tsotsil.
Desde noviembre de 2021, la Asamblea ha volcado todas las acciones políticas y jurídicas posibles para conseguir el respeto a la autonomía por parte de los gobiernos de todos los niveles. La Candelaria se suma así a Cherán, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y otras comunidades que en tiempos recientes han buscado legitimar el autogobierno indígena frente al Estado mexicano.
La comunidad tsotsil reclamó al Ayuntamiento Municipal el derecho a administrar la parte del presupuesto que le corresponde. Al Congreso del Estado, por su parte, se le exigió el reconocimiento del Jlumaltik, esto en apego tanto al artículo 2° constitucional como a los diferentes convenios firmados por México en materia de derechos de los pueblos originarios.
Dichas demandas fueron presentadas ante las instancias correspondientes durante la primera semana de 2022. Sin embargo, ambas fueron negadas, por lo que se recurrió al poder judicial federal —con asesoría de la Universidad Jesuita— para obtener un amparo. “Exigimos a las autoridades competentes que atienden nuestras solicitudes respetando plenamente los derechos que nos corresponde como pueblos indígenas”, sentencia un comunicado.
El Ejido llegó a los despachos de Chiapas con cartas federales a su favor. El Juzgado Segundo de Distrito ordenó al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas entregar informes sobre los recursos destinados a la comunidad en los últimos 10 años y emitir una respuesta fundamentada sobre la solicitud de transferencia de recursos y funciones a la comunidad.
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El Ejido La Candelaria tiene el respaldo jurídico de la reforma constitucional de 2001 y de diversos tratados internacionales que obligan a los Estados a garantizar la libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas.
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Por su parte‚ el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó al Congreso del Estado dar una respuesta en la que señalase cuáles serían las autoridades que estarían involucradas en el reconocimiento de la autonomía indígena. Si bien ambas sentencias marcan un punto de inflexión, resultan insuficientes para la consecución de los objetivos comunitarios.
Según explica el comunicado, los Juzgados de Distrito no consideraron los precedentes judiciales del Tribunal Electoral, instancia que ya han reconocido que los pueblos y comunidades indígenas pueden recibir recursos municipales y ejercerlos en el marco de la autonomía y libre determinación.
Tampoco se tomó en cuenta que el Congreso de Chiapas admitió no contar con una legislación para el reconocimiento de la autonomía indígena desde la reforma constitucional de 2001, lo que vuelve viable la solicitud para emitir una declaración legislativa formal en la materia.
Tanto líderes comunitarios como académicos de la IBERO Puebla coinciden en que la resolución que se adopte en la demanda del Jlumaltik Candelaria puede sentar un precedente único para materializar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación e interpretar su alcance al interior del Estado mexicano.
Las voces que firman el pronunciamiento invitan a todos los pueblos indígenas a constituir sus instancias de gobierno propio. “La organización comunitaria es una expresión de otra democracia, que está llamada a superar los perjuicios de la política de los partidos”. Y remata: “Es nuestro derecho emprender el camino de la vida, de la solidaridad, de la paz y del respeto a todos los seres que habitan la Madre Tierra”.
Por parte de la IBERO Puebla la asesoría está a cargo del Mtro. Simón Hernández León, el Mtro. Julio César Ávalos Huerta, el Dr. Gabriel Mendoza Zárate y el alumno Joaquín Sánchez Cedillo, integrantes de la Clínica Jurídica Minerva Calderón; así como por el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.