02 de enero del 2025
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
Antes de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cumpliera su periodo de gobierno en México, heredó tareas extraordinarias a su sucesora Claudia Sheinbaum, consistentes en el planteamiento y ejecución de 20 reformas a la Constitución que, después de los tres primeros meses de avance legislativo y gestión de la nueva jefa del Poder Ejecutivo, muestran una orientación hacia el absolutismo, el autoritarismo o el tiranismo –como quiera interpretarse—pero “México ahora ya no es el mismo”.
Ambas cámaras del Congreso, con una obediencia extraordinaria, están en proceso de estructura y reestructura del Poder Judicial, a fin de “hacerlo al modo de su mentor”; desaparecieron siete organismos autónomos que tenían la responsabilidad de vigilar y ordenar las políticas públicas, la competencia económica, la transparencia y el ejercicio cabal de las instituciones del Poder Ejecutivo.
Regresaron a PEMEX y a CFE a su condición de empresas de Estado, sin considerar sus crisis financieras y elevaron a rango constitucional los programas sociales, a los cuales la oposición cataloga como instrumento clientelar, en tanto que la Guardia Nacional pasó a formar parte del control total de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, los cambios constitucionales ejecutados por el Congreso en medio de verdaderos escándalos, fueron avalados por las Cámaras de Diputados y Senadores.
Todas las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emprendidas “por encargo” en ambas cámaras, contaron con la mayoría de legisladores de MORENA, con una “flagrancia inusitada” en cuanto a “apropiación de legisladores” que el pueblo no les dio ni mucho menos “les ofreció”. Es decir, en el marco de un padrón electoral de aproximadamente 100 millones de electores, el partido obradorista y sus aliados (MC, Verde y PT), resultaron triunfadores con el 54 por ciento de los votos, de manera que 46 millones de votantes, equivalentes al 46 por ciento, votaron a favor de los partidos de oposición, o sean PRI, PAN y PRD.
No obstante, para alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República, los morenistas “enseñaron los calzones” al “comprar” a tres legisladores de otros partidos: uno del PAN y dos del PRD. El primero, originario de Veracruz –al cual sus compañeros opositores calificaron de “traidor”—y dos senadores más, de Tabasco y una dama de Oaxaca. Con esta maniobra morenista, lo que se espera es que los mexicanos perdamos derechos y libertades, defensa de los derechos humanos y la perspectiva de avanzar en un régimen autoritario.
Para este mismo año, 2025, el bloque oficial tiene en la mira avanzar en las cuatro reformas que faltan por definir –de acuerdo con la “recomendación” del ex—a fin de completar “el segundo piso de la cuarta transformación”. Se trata de la “Reforma Electoral”, que desaparece al INE y crea el INEC, que elimina a los diputados y senadores plurinominales. La Reforma de Salud, referente a la obligación del Estado, de garantizar atención médica integral y gratuita, incluidos medicamentos, estudios médicos e intervenciones quirúrgicas.
También falta la reforma que “prohíbe el cultivo en México de maíz transgénico”, y la que pone un límite al salario de funcionarios del gobierno federal, para evitar que ganen sueldos mayores del ingreso que oficialmente tiene la presidenta de México.
Cabe señalar que, en un país como México, que necesita comprar en el extranjero más de 20 millones de toneladas anuales de maíz, de manera fundamental provenientes de Estados Unidos, afirmar, por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se legislará para impedir que ese tipo de maíz se cultive en México, es muy “aventurado”. En primer lugar, porque no hay “oferta de maíz no transgénico” en los mercados internacionales. Si lo hubiera, su precio sería muy alto. Hay que pensar en cómo surtir un tipo de tortilla que ya anda en una demanda de maíz de más de 25 millones de toneladas anuales.