14 de febrero del 2025
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
i bien las relaciones diplomáticas, comerciales y sociales entre México y Estados Unidos, han sido conflictivas en determinados tiempos de la historia, más allá del carácter y conducta del presidente norteamericano en turno, obliga a las instancias gubernamentales mexicanas actuales, a unirse en torno de posibles situaciones no equilibradas en temas comunes de intercambio propio de dos naciones vecinas que comparten una frontera de más de tres mil kilómetros.
La armonía entre los Tres Poderes de la Unión, es un punto de referencia que interesa a todos los mexicanos, de manera que en el breve espacio de menos de cinco meses de que asumió la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum, se han dado “encuentros políticos” muy ásperos, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, sin faltar discrepancias entre la propia Jefa del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Piña Hernández.
A la mayoría de mexicanos conscientes y con vocación democrática, no agradó que, sin argumentos personales ni mucho menos jurídicos e históricos, la presidenta Sheinbaum desdeñara la invitación al Poder Judicial –en particular a la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández—a la celebración en Querétaro, el 5 de febrero pasado, del 108 Aniversario de la Constitución Mexicana, de la Carta Magna promulgada en 1917.
Esta situación de enfrentamiento entre los Poderes de la Nación Mexicana, con toda seguridad, es aprovechada por gobiernos extranjeros “para sacar raja” de debilidades evidentes. Así, el caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no desaprovechó la oportunidad para anunciar sus “decretos legislativos”, referentes a la imposición de 25 por ciento de aranceles al acero y aluminio provenientes del vecino país del norte.
Es de señalar que la invitación a asistir a la celebración señalada, sí la hizo la jefa del Ejecutivo Federal a tres ministras de la Corte, quienes no lo hicieron como representantes del Poder Judicial, sino de “pura cortesía” por parte de la señora presidenta Sheinbaum. Ellas fueron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama.
La expectativa que se percibe para el próximo Poder Judicial, una vez que sea vigente la reforma dispuesta por el anterior presidente López Obrador –y que dejó de tarea a quien lo sustituyó en el Ejecutivo, Claudia Sheinbaum—el Poder Judicial estará en manos del Poder Ejecutivo, con la consecuente dispersión de lo que se llamó, por muchos años: “Los tres Poderes de la Unión”.
En el nuevo esquema de elección de ministros, jueces, magistrados y toda una estructura política que, en adelante, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay claridad de dónde provendrán los recursos para la promoción y elección del Poder Judicial en su conjunto. Allí es, precisamente, donde se podrá “colar” el dinero ilegal, llámese como se quiera, corrupción, delincuencia organizada o de otros muchos nombres.
Por otra parte, se da la “circunstancia” de que “el partido único de Estado”, será parte de un “sistema político militarizado”, donde las Fuerzas Armadas jugarán un papel fundamental para la seguridad ciudadana nacional.
En este sentido, las experiencias de muchas otras naciones con ese esquema, donde el Ejército es usado como estrategia de seguridad nacional, la milicia termina por violar las garantías de seguridad y, lo peor, atropellando los derechos humanos.
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