17 de febrero del 2025
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) impulsa reformas al Código Penal Federal, a fin de sancionar de seis a 12 años de prisión y una multa de mil a seis mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien corte, arranque, derribe o tale algunos o árboles algunos.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, considera que la tala ilegal de árboles representa una de las amenazas más serias para los ecosistemas, ya que no solo causa estragos en los recursos naturales, sino que genera un impacto negativo en la calidad de vida de las comunidades, en la estabilidad social y económica del país.
Esta reforma sienta las bases para que las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental cuenten con herramientas más eficaces para combatir este flagelo, agrega.
Resalta que las reformas realizadas en 2023 a los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal incrementaron las penas para quienes realicen la tala ilegal de árboles y reconoce que este delito es una de las principales causas de deforestación en México y afecta la capacidad de los ecosistemas para regenerarse, proporcionar servicios esenciales, como la captación de agua y la purificación del aire.
Sin embargo, señala que las sanciones deben aumentar, hoy que de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), anualmente cinco mil hectáreas de bosques son devastadas por actividades de tala ilegal.
“Las sanciones actuales no disuaden eficazmente a los responsables, lo que genera un ambiente de impunidad y una sensación de desamparo entre las comunidades afectadas”, advierte.
Subraya que la tala ilegal no solo amenaza la biodiversidad, sino que también está relacionada con actividades del crimen organizado, después de tierras y violencia en comunidades rurales, por lo que es urgente adoptar contundentes para enfrentar los desafíos ambientales y sociales.
Enfatiza que la deforestación intensifica desastres naturales como inundaciones y crecientes de tierra, mientras que en las zonas urbanas impacta en la calidad del aire y en la disponibilidad de agua como elementos esenciales para la salud y el bienestar, de ahí la necesidad de aumentar las penas por este delito.