24 de octubre del 2025
Para afianzar una cultura de legalidad en el marco del conocimiento especializado en transparencia, rendición de cuentas, derecho a saber, gobierno abierto, gobernanza, confianza pública y combate a la corrupción, la Coordinación Institucional de Información y Transparencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIIT-UATx), organizó la conferencia “Simplificación orgánica y transformación: Lo que las universidades deben saber de la reforma 2025” que impartió la Doctora María del Carmen Nava Polina, Coordinadora del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX).
Con la representación del Doctor Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la UATx, el Maestro Mauro Sánchez Ibarra, Secretario de Rectoría, precisó que este ejercicio de diálogo, reflexión y sensibilización para los universitarios contribuye a fortalecer las capacidades del personal habilitado en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante el análisis de los alcances e implementación de las reformas constitucionales de 2025.
Al respecto, la reconocida ponente puntualizó que dichas reformas implican un retroceso del derecho humano a saber y a la privacidad, porque vulneran la autonomía de los municipios y atentan contra el pacto federal.
En la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, con la moderación del Maestro David Cabrera Canales, Coordinador del CIIT, la Doctora Nava Polina manifestó que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objetivo garantizar el derecho humano a saber y a la privacidad, misma que se ejecutó en las diferentes entidades federativas como un derecho humano, de las cuales se tienen 30 reformas planteadas en congresos locales; de estas, 23 fueron aprobadas, siete están en proceso y dos entidades como la Ciudad de México y Campeche no cuentan con una iniciativa de reforma constitucional.
Sostuvo que a través de un mapeo han detectado la existencia de 41 instituciones de educación superior que tienen autonomía en el país, lo cual implica que cada garante de los organismos autónomos va a tener la responsabilidad de garantizar la información y autodeterminar que cuando haya quejas de las personas resuelvan esos casos.
Además, observó que la reforma federal estableció que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sean las instancias que garantizaran la información en ambos aspectos de los partidos y los sindicatos, lo cual demuestra que la simplificación administrativa es la antítesis de la eficiencia pública porque deriva en la multiplicación de órganos garantes.
La especialista recalcó que estamos en el momento crucial de ver hasta dónde se llega con el pacto federal en aspectos como la responsabilidad de las decisiones que tomen los diputados locales, porque a pesar de lo que se determine en la Ley General de Transparencia y las leyes locales, cada entidad puede dar su propio marco normativo y se tenga la posibilidad de que conserven la autonomía de los garantes.
Por su parte, el Doctor Alfredo Adán Pimente, Coordinador General del Staff Universitario, subrayó que a través del abordaje de este tipo de temáticas los universitarios tienen la posibilidad de estar informados sobre las diferentes reformas constitucionales que se realizan en el país y cómo impactan en cada una de las entidades federativas.