28 de octubre del 2025
En sesión vespertina, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), fundó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
Señaló que el dictamen tiene como base la iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, derivada de la reforma constitucional en la que se faculta el Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión.
Esta ley –argumentó– es una herramienta nueva, moderna y coordinada, que busca darle al Estado mexicano la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.
Aclaró que es una ley general porque la extorsión no conoce fronteras y hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad. En algunos estados se castigaba con fuerza este delito, en otros eran criterios diversos; Mientras tanto, los delincuentes se aprovechaban de estas diferencias para delinquir libremente.
Moreno Rivera precisó que esta ley nace como general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; es decir, que el Estado mexicano actúa como un solo frente, que la policía municipal, la fiscalía estatal, la autoridad federal trabajan en juntas con la misma información y las mismas reglas. “Porque cuando la ley se aplica de forma distinta, el crimen se aprovecha, pero cuando el país se coordina, el crimen retrocede”.
Subrayó que esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente, ya desde ahora la extorsión se investigará de oficio. «Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión, se investiga, se persigue y se castiga».
El diputado expuso que por fin se le pondrá un alto a las extorsiones en todas sus modalidades; se protege la identidad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar. “Esto es fundamental, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes”.
Puntualizó que la extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto o incluso desde dentro de las cárceles, o también como los llamados montachoques y hasta con los préstamos que se dominan o mal conocidos como gota a gota.
Hizo referencia que todos conocemos a alguien que ha recibido una llamada falsa de amenaza o una exigencia absurda a nombre de un grupo criminal, con el objeto de extorsionar, y a veces son verdaderos delincuentes o simples oportunistas que juegan con el miedo de la gente.
Por ello, esta ley reconoce esas nuevas modalidades y les da tratamiento en penal específico. Se ordena a las autoridades bloquear de inmediato los números telefónicos donde se cometan estas llamadas y a las empresas de telecomunicaciones colaborar activamente en esta tarea.
Con ello –apuntó– se ataca el corazón del problema de la impunidad digital y se combate la extorsión desde el interior de los penales, esa que se ha convertido en negocio dentro de los centros penitenciarios, ya que ahora cualquier teléfono detectado dentro de una presión podrá ser rastreado y bloqueado, ya que se tendrá la facultad de solicitar el bloqueo inmediato a las compañías telefónicas.
Moreno Rivera destacó que ya no se va a permitir que desde un penal se siga dañando a la sociedad, ya que la reforma también fortalece la confianza en la justicia por primera vez.
El Estado mexicano, recalcó, contará con un tipo penal uniforme y con penas más severas. No habrá beneficios de libertad anticipada ni con mutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión, ya que ahora este delito se perseguirá mediante prisión preventiva oficiosa y los funcionarios públicos que se atrevan a participar en este delito recibirán sanciones más altas, “porque quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme”.
Además, “esta no es una ley punitiva, es una ley de justicia. De justicia para la señora que tiene una tienda de abarrotes, un establecimiento mercantil y los malandros extorsionadores la obligan a pagar el lamentable llamado derecho de piso. Para el transportista que recibe amenazas si no entrega una dádiva o un dinero. Para la familia que sufre llamadas de extorsión sin saber que son verdaderas o falsas.
Para los empresarios pequeños o grandes comerciantes que se han visto obligados a cerrar sus establecimientos mercantiles por miedo. Pensamos en aquel señor o señora que tiene un taller mecánico, cada semana recibe una llamada de extorsión donde le exigen cierta cantidad por su seguridad”, especificó.
Hasta hoy, mencionó, su única opción era pagar o arriesgarse, pero con esta ley podrá denunciar sin miedo, su identidad estará protegida y las autoridades estarán obligadas a actuar de inmediato.
Ejemplificó que si una señora dueña de algún establecimiento, como una estética u otra, que viva aterrorizada por los mensajes que recibe por redes sociales, «también con esta ley, permitirá contar con protección, con asesoría y justicia, porque se considera extorsión digital. Y pensamos también en una empresa extranjera que quiere invertir en México, pero teme porque hacerlo escucha que hay cobros ilegales o amenazas».
Con esta ley nacional, homogénea y firme –afirmó– México manda un mensaje muy claro al mundo: «en este país quien trabaja en paz tiene el respaldo del Estado. Esta reforma no solo protege vidas, también protege la economía, porque la extorsión es un impuesto criminal que se cobra en las calles, en los mercados, en los negocios, en los hogares. Y cada peso que se va a ese cobro de piso, o mal llamado así, es un peso menos en inversión en salarios y en bienestar».
Subrayó que cuando el gobierno combate la extorsión, no solo da seguridad, genera desarrollo, porque la seguridad no es un gasto, es la mejor inversión social. Y esta ley, al combatir la extorsión, mejora el ambiente para invertir, trabajar y producir. Eso es seguridad con justicia social.
Aclaró que esta ley no se queda en el papel, porque su fuerza está en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, hoy que existe un mandato para que las entidades federativas homologuen su legislación a través de sus congresos y así los gobiernos federal, estatal y municipal deberán trabajar juntos y compartir la información, estrategias y resultados.
«Ya no habrá excusas, ya no habrá pretextos. Cada autoridad sabrá lo que le toca hacer. Y eso es lo que la gente espera de nosotros: que el Estado funcione como un solo cuerpo, no como piezas sueltas. Se crean protocolos nacionales, unidades especializadas y medidas de protección a las víctimas en las etapas del proceso», enfatizó.
Comentó que dichas medidas ayudan a que la ley no solo se apruebe, sino que se cumpla. Con esta ley el Estado mexicano retoma el control en sus cárceles, de sus calles y su justicia, y devuelve a la gente la confianza en sus instituciones.
Hizo notar que «hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso no solo discute leyes, sino que responde a los problemas reales de la sociedad, a los comerciantes, a los productores, a las familias ya los jóvenes que quieren vivir sin miedo, porque quien vive con miedo no puede ser libre y quien vive amenazado no puede prosperar. Los invitamos a votar a favor de este dictamen. Hagámoslo con la conciencia de que hoy estamos al lado de la gente, de esa gente trabajadora, de esa gente buena, y las y los mexicanos”.
El dictamen también reforma, adición y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.