30 de octubre del 2025
Por. Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
Los productores del campo mexicano, en particular de granos básicos, se enfrentan, como ocurre cada año, a la necedad de las instancias del gobierno y la creciente intervención de empresas transnacionales para establecer precios de garantía de granos básicos, capaces de resarcir costos de producción, desde preparación de tierras, insumos como semillas, fertilizantes y manejo de sistemas de riego –para quienes cuentan con agua—vigilancia del desarrollo que exigen los cultivos de granos, especialmente de maíz, frijol, trigo y arroz.
Es necesario que las instancias del gobierno federal, estén conscientes de que cada cultivo exige el cuidado y aplicación de otras actividades e insumos adicionales, entre ellos la sanidad, el uso de maquinaria o mano de obra en labores de apoyo al desarrollo de los cultivos, lo cual se añade al uso de fertilizantes, plaguicidas, etc. Y finalmente, la recolección de cosechas y su transporte hasta las zonas de comercialización.
Todos estos esquemas de producción de alimentos del campo, deberían ser compensados con una ganancia económica justa, sin discusiones estériles de “regateo de última hora”, por parte de funcionarios del sector agroalimentario, como es el caso del titular de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR), Julio Berdegué; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez –que, “aquí entre nos”, nada tiene que ver con la fijación de precios del maíz, aunque sí participa en el aspecto político.
Es importante señalar que, en las últimas manifestaciones de esta naturaleza, participan representantes de los gobernadores de unos veinte estados productores importantes de maíz. Por ahora, asistieron a la Secretaría de Gobernación, representantes de productores de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. En tanto, en otras entidades federativas, 20 en total, se registraron marchas y concentraciones campesinas en Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, así como en Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Baja California.
A las deliberaciones en la Secretaría de Gobernación, asistieron representantes de la industria que normalmente compran maíz a los productores mexicanos, como MINSA, MASECA, BACHOCO Y GRUMAN. Algunas de estas empresas son transnacionales y muy importantes productoras de carne de pollo y huevo, de manera que abiertamente se niegan a ofrecer precios más altos para el maíz, sobre todo que tienen la opción de importar este grano de Estados Unidos, donde el precio es más bajo, comparado con el que demandan los productores maiceros mexicanos.
Los productores norteamericanos siembran cada vez más las variedades transgénicas por sus altos rendimientos, los cuales les permiten cosechas por hectárea en promedios de 14 y 15 toneladas por unidad de superficie, regularmente en condiciones de riego.
Esto así se presenta. Sin embargo, debemos considerar que el maíz que se produce en México, no está catalogado como transgénico. Es decir, este tipo de maíz que viene del norte, es llamado “mejorado genéticamente”, y es el que en EEUU, se siembra y se cultiva en grandes cantidades a lo largo de la cuenca del Río Mississipi y en otras regiones de esa nación, en condiciones muy favorables de rentabilidad.
Existe la inconveniencia de que el consumo de maíz “transgénico”, puede generar cambios genéticos, sin precisar. En México, se afirma que el consumo de las variedades de maíz transgénico, no se ha implantado como alimento humano. Es decir, no se produce aquí. El maíz importado, se nos ha dicho que, su destino, es solamente para alimentación animal, como pueden ser ganado vacuno, porcino y avícola. Pero nadie puede jurar y gritar a los cuatro vientos, que: “¡Maíz transgénico, no consumen los mexicanos!”.
Las autoridades mexicanas afirman que el precio del maíz nacional, está determinado por el precio que se aplica en la Bolsa de Chicago. Este mecanismo, aparentemente no debería de ocurrir, pero existen razones del porqué se tiene que considerar el valor del grano en la Bolsa de Chicago. Pues sencillamente, en la vigencia del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, es el mecanismo de fijación del precio de comercialización del maíz.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, afirma que su gobierno buscará alternativas para identificar recursos fiscales y procurar un mejor precio para los productores mexicanos. Sobre esto, señaló que se hará una propuesta para proteger de las variaciones internacionales de precios, a los productores de nuestro país.
Los productores mexicanos exigen el pago de 7,200 pesos por tonelada de maíz, frente a los índices crecientes de precios de este grano y de todos los demás. Las autoridades del gobierno federal, encabezadas por la Presidenta Sheinbaum y el secretario Berdegué, hicieron un ofrecimiento de 6,050 pesos por tonelada, mismo que no fue aceptado por los productores; sin embargo, se dio el ofrecimiento la gestión ante los gobiernos de los estados, para que aporten 970 pesos por tonelada. Los industriales compradores de maíz se convirtieron en invitados de piedra.
Lo que ha ocurrido en las carreteras del país, por la lucha de los campesinos por un mejor precio del maíz, no es sólo una movilización. Es reflejo de una crisis profunda que afecta a millones de productores rurales.
El precio del maíz en México, no se define en condiciones justas. Los costos de producción han subido, pero los mecanismos oficiales no lo reflejan. El llamado “precio técnico”, que propone el Estado, ignora la realidad del campo, y eso genera una brecha insostenible.
En otro orden, es preciso destacar que hay un factor internacional que complica todo: el T-MEC. Este tratado comercial, ha abierto aún más el mercado mexicano al maíz importado, especialmente desde Estados Unidos. Sólo eso, debilita la posición de los productores mexicanos, quienes no pueden competir en igualdad de condiciones.
Hay que señalar que, en 2024, México fue sancionado por el intento de limitar el maíz transgénico, lo que obliga a nuestro país a ajustar sus políticas agrícolas, en función de intereses externos. Esto significa que no es sólo, que el gobierno de México no ayude lo suficiente a sus productores rurales. Es que está “atado” a reglas que favorecen a grandes corporaciones, y dejan en desventaja al pequeño productor.
El conflicto actual, revela una tensión entre dos modelos: uno que prioriza el negocio global, y otro que defiende la soberanía alimentaria y la dignidad campesina. Esta propuesta no es sólo por el maíz: es por todos los cultivos, por cada agricultor y campesino, por humilde que sea, quienes han sido empujados al límite. Nos sumamos al grito de: ¡“precio justo, trato digno y soberanía alimentaria!.
