Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Diciembre 12 del 2025.- La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, anunció que el comedor universitario de Ciudad Universitaria (CU) comenzará a brindar servicio durante el segundo semestre de 2026, luego de que el proyecto fuera replanteado a partir de las demandas expresadas por el alumnado durante el paro universitario de 2025.
La titular de la institución explicó que la obra ya estaba considerada dentro del presupuesto presentado a inicios de este año; sin embargo, el planteamiento inicial contemplaba un servicio de menor cobertura. Tras el movimiento estudiantil, se acordó ampliar el alcance del comedor y permitir la participación de los estudiantes en su diseño, lo que obligó a realizar modificaciones en los planos, así como a ajustar los tiempos de licitación y ejecución.
Cedillo Ramírez detalló que la construcción del inmueble ya se encuentra en marcha y se realiza en el área ubicada entre la Dirección de Administración Escolar (DAE) y la terminal del Sistema de Transporte Universitario (STU). De acuerdo con lo previsto, la obra concluirá a inicios de 2026, para posteriormente iniciar las etapas de equipamiento y preparación operativa, con miras a su apertura a mediados de ese año.
La rectora resaltó que, de manera paralela, la BUAP mantiene el programa de becas alimenticias para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad en todos sus complejos universitarios, como parte de las acciones permanentes de apoyo a la comunidad estudiantil.
En cuanto al costo del servicio, adelantó que el precio de los alimentos rondará los 30 pesos, con el objetivo de ofrecer opciones accesibles, balanceadas y de calidad para el estudiantado.
En ese sentido, recordó que durante el paro se instalaron mesas de diálogo en las que se establecieron compromisos a corto, mediano y largo plazo. Indicó que las acciones inmediatas se implementaron tras la conclusión del movimiento, mientras que los acuerdos de mediano plazo continúan en proceso debido a limitaciones presupuestales y de tiempo. En tanto, los compromisos de largo
alcance requieren más de dos años para su cumplimiento, al implicar ajustes de carácter legislativo y administrativo.