15 de diciembre del 2025
En el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la UPAEP, a través de la Facultad de Filosofía, ofreció una reflexión profunda sobre el estado actual de los derechos humanos y el papel fundamental que desempeña la sociedad civil para hacerlos efectivos.
Livia Bastos Andrade, profesora investigadora de dicha facultad, subrayó que los derechos humanos no pueden entenderse únicamente como un conjunto de normas jurídicas, sino como una práctica viva que requiere compromiso ciudadano, educación y participación social.
Durante su intervención, la académica recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París, como respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este documento, integrado por 30 artículos, se convirtió en uno de los pilares más influyentes de la historia contemporánea, al sentar las bases del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Aunque no es jurídicamente vinculante, su carácter inspirador y aspiracional dio origen a más de 70 tratados internacionales que sí obligan legalmente a los Estados que los han ratificado.
Bastos Andrade explicó que la universalidad de los derechos humanos implica que estos no se conceden ni se otorgan por el Estado, sino que se reconocen por el simple hecho de ser personas, en virtud de la dignidad humana. Sin embargo, advirtió que la realidad cotidiana muestra una brecha significativa entre lo que está escrito en los marcos normativos y lo que se vive día a día, especialmente en contextos de desigualdad, violencia y exclusión social.
Al referirse a México, la profesora investigadora destacó que el país ha tenido avances importantes, como la reforma constitucional de 2011, que otorgó rango constitucional a los derechos humanos y obligó a todas las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, recordó que México ha ratificado instrumentos internacionales clave, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
No obstante, señaló que persisten grandes retos en su aplicación práctica, particularmente en temas de violencia, desapariciones, migración, sistema penitenciario, salud, educación y derechos de pueblos indígenas.
Entre los datos preocupantes mencionados, destacó la baja confianza ciudadana en las instituciones de derechos humanos, ya que solo alrededor del 35% de la población confía plenamente en ellas, así como el aumento de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de mujeres, menores de edad y personas migrantes. Estos indicadores, afirmó, evidencian la distancia entre el marco legal y la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población.
En este contexto, Livia Bastos enfatizó que la defensa y promoción de los derechos humanos no es una tarea exclusiva del gobierno. “Las leyes son necesarias, pero no suficientes”, afirmó. Para que los derechos humanos se hagan vida, es indispensable una cultura que los respalde, una educación que forme en el respeto a la dignidad humana y una sociedad civil activa que participe, observe, exija y colabore.
La académica resaltó que la sociedad civil cumple un papel clave como contrapeso y complemento del Estado, ya sea a través de asociaciones, observatorios ciudadanos, redes de apoyo comunitario o iniciativas solidarias que protegen derechos como la salud, la educación y la seguridad. Desde las universidades, agregó, también se contribuye a los derechos humanos mediante la formación del pensamiento crítico, la promoción de una cultura de paz y la preparación de profesionistas comprometidos con el bien común.
Finalmente, Bastos Andrade hizo un llamado a entender los derechos humanos como una aspiración colectiva que solo puede concretarse con el esfuerzo conjunto de gobiernos, instituciones y ciudadanía. “Los derechos humanos no van a venir solos; requieren de nuestro compromiso diario en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en la vida pública”, concluyó, invitando a construir un México más justo, donde la dignidad humana sea una realidad y no solo una promesa escrita en el papel.