08 de marzo del 2024
Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para que personas que hayan cometido delitos y estado más de dos años en prisión puedan ocupar puestos claves en la administración municipal y estatal en Quintana Roo.
El máximo órgano jurisdiccional del país invalidó diversas disposiciones de la Ley de los Municipios de Quintana Roo y la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente.
Con esto también se permite que una larga lista de exfuncionarios que han pisado la cárcel, principalmente durante la desastrosa administración de Roberto Borge Angulo, puedan regresar al servicio público sin ninguna traba legal.
Las anteriores disposiciones legales ponían candados para acceder a la secretaría de los ayuntamientos, tesorero y procurador ambiental. Con la invalidez queda libre acceder a estos puestos.
La Corte invalidó el pasado lunes estas disposiciones dentro del expediente 155/2023 de acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el decreto 078 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 7 de junio de 2023.
La invalidez de estas normas jurídicas contó con la aprobación de 9 de los 11 integrantes del pleno. Sólo la ministra Lenia Batres Guadarrama, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, votó en contra. Sostuvo que, para acceder a los cargos, las personas deben de tener buenos antecedentes contra probables actos de corrupción.
“Se tiene el derecho humano al buen gobierno que, entre otros elementos se tiene la probidad, el ejercicio debido de funciones entre las cuales se pone efectivamente como requisitos que, igual en convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, no tener antecedentes de manejo indebido de recursos”, expuso Lenia Batres.
El ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán, el mismo que invalidó las leyes en materia de energía eléctrica. Morena ha solicitado juicio político contra este polémico jurista.
Pérez Dayán sostuvo que ambas leyes quintanarroenses vulneran diversos derechos fundamentales contenidas en la Constitución y tratados internacionales, por lo que elaboró el proyecto que invalidó ambas reformas.
“Las exigencias que el legislador impuso como requisitos a las personas que aspiren a ocupar el cargo de titular de la secretaría general de los ayuntamientos de Quintana Roo, tesorero municipal, así como la titularidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente del mismo estado son inconstitucionales al vulnerar el derecho de igualdad y no discriminación en atención a la hipótesis contenidas en las fracciones impugnadas resultan sobre inclusivas en tanto no distinguen entre delitos graves y no graves”, sostuvo Pérez Dayan.
Se espera que, en las próximas semanas, la invalidez cobre vigencia.