16 de julio del 2024
La diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, aseveró que el Poder Legislativo mexicano garantiza la implementación efectiva de la Agenda 2030, bajo tres acciones: construcción de un marco jurídico que permite alcanzar su implementación, aprobación de presupuestos sostenibles y rendición de cuentas.
Lo anterior, al participar en la Sesión 1: ODS 16 “Invertir en los parlamentos como instituciones clave de gobernanza”, del Foro Parlamentario en ocasión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
Recordó que cuando México firmó y ratificó la Agenda 2030, en 2015, “nos comprometimos a adoptarla como una hoja de ruta para orientar las políticas públicas, a nivel nacional y local, así como en el Congreso nacional”.
Enfatizó que una acción que ha sido eficiente en la Cámara de Diputados para cumplir con la Agenda 2030 fue la creación de un grupo de trabajo para el cumplimiento de la misma, con carácter plural y transversal a las 51 comisiones legislativas que dictaminan.
Con ello, añadió, se han aprobado 195 decretos que abarcan todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Hacemos énfasis en el 16 —de paz, justicia e instituciones sólidas—, en el 10, pero también el 5, porque logramos la paridad constitucional”.
Mencionó que se concretó el 70 por ciento de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados alineadas con la Agenda 2030. Además, el haber enfocado presupuestos sostenibles alineados con la 2030 ha valido un reconocimiento de Naciones Unidas en 2021.
En la actualidad, abundó, se está en un Parlamento Abierto de diálogo nacional sobre la reforma constitucional al Poder Judicial que tiene que ver también con el ODS 16.
Es una reforma estructural que propone la elección directa de jueces, magistrados y ministros como un mecanismo para acercar la justicia a la gente, una reforma polémica, pero se tiene que discutir.
En cuanto a paz, justicia e instituciones sólidas, relató, que se integró de manera institucional la cultura de la paz, se legisló para el fortalecimiento de rendición de cuentas y transparencia, se incrementaron las capacidades institucionales en materia de desaparición forzada de personas, para ello se usaron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).