Ciudad de México, 4 de diciembre de 2024. El Diputado Federal Alejandro Carvajal Hidalgo presentó una importante iniciativa de reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, en respuesta a las crecientes irregularidades detectadas en los retiros por desempleo de las cuentas de ahorro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).
En los últimos meses, se ha registrado un alarmante incremento en los retiros fraudulentos realizados a través de prácticas simuladas. Gestores y despachos han explotado lagunas legales para registrar temporalmente a trabajadores con salarios inflados, facilitando retiros indebidos de hasta 28 mil pesos por persona. Estas prácticas no solo afectan la sostenibilidad del sistema, sino que lucran con la necesidad de quienes enfrentan situaciones de desempleo.
La iniciativa propone fortalecer los requisitos legales para retirar recursos por desempleo, estableciendo criterios claros que garanticen el acceso legítimo a estos fondos. Entre los puntos destacados de la reforma se incluye:
1. La obligación de tener al menos tres años de antigüedad en la cuenta individual.
2. Haber acumulado un mínimo de doce bimestres de cotización acreditados al IMSS.
3. Limitar el retiro a un monto menor entre el equivalente a 30 días del promedio salarial de las últimas 150 semanas o el 11.5% del saldo de la subcuenta RCV.
Resultados y Contexto
Gracias a esfuerzos recientes de supervisión por parte del IMSS, CONSAR y las afores, se logró una disminución del 48% en los retiros por desempleo en agosto de 2024, alcanzando su nivel más bajo para ese mes desde 2019. Sin embargo, estas acciones administrativas deben complementarse con medidas legales más robustas.
El Diputado Carvajal Hidalgo subrayó que “aunque estas prácticas fraudulentas brindan un alivio económico temporal a quienes pierden su empleo, están mermando los recursos destinados a sus pensiones futuras y fomentando el enriquecimiento ilícito de terceros”.
Esta reforma busca garantizar la sostenibilidad del sistema de ahorro para el retiro, protegiendo a los trabajadores de prácticas abusivas y asegurando que los fondos de desempleo sean utilizados de manera justa y transparente.