01 de agosto del 2025
El Departamento de Estado de Estados Unidos planea gastar hasta 7.85 millones de dólares para ayudar a Costa Rica a deportar migrantes, según un documento visto por la agencia Reuters, bajo un acuerdo similar a un programa de la era Biden que generó críticas de los defensores de los migrantes.
Según el documento, el Departamento de Estado transferirá dinero de su «fondo de apoyo económico», que generalmente se usa para impulsar el desarrollo económico en países aliados, al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la aplicación de la ley de inmigración. El DHS trabajará con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones de la nación centroamericana.
En uno de ellos se pudo identificar a un individuo con una ofrenda funeraria hecha de cuatro vasijas de cerámica y tres vasijas de calabaza.
A principios de año, Costa Rica aceptó una solicitud de la administración Trump de que aceptara a 200 inmigrantes originarios de África, Asia y Europa que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. Si bien el plan era que Costa Rica enviara a esos inmigrantes de regreso a sus países de origen, decenas permanecen en el país centroamericano.
Cuando se le pidió un comentario, el Departamento de Estado sugirió que los nuevos fondos estaban destinados principalmente a ayudar a Costa Rica a deportar a los migrantes que pasaban por el país en su camino a Estados Unidos, en lugar de repatriar a los inmigrantes deportados de Estados Unidos.
«El programa desarrollará la capacidad de las autoridades migratorias costarricenses para detener el flujo de migración ilegal a través de sus fronteras, al tiempo que brinda capacitación y recursos sobre la detección de asilo», dijo un portavoz.
Si bien el documento daba detalles de la transferencia de dinero planificada, no estaba claro cuándo ocurrirá el esfuerzo de deportación o si podría estar sujeto a cambios.
Según el documento, el acuerdo de Costa Rica se basa «en parte» en un acuerdo firmado en 2024 entre la administración del expresidente estadounidense Joe Biden y Panamá, en virtud del cual Estados Unidos pagó para que Panamá detuviera y deportara a los migrantes que se movían por el país mientras viajaban de Colombia a Estados Unidos.
Algunos defensores de los migrantes y demócratas electos dijeron en ese momento que el acuerdo esencialmente podría impedir que las poblaciones vulnerables tengan acceso al sistema de asilo de Estados Unidos.
«El Departamento tiene la intención de apoyar al Gobierno de Costa Rica en la realización de operaciones de deportación de migrantes que no tienen protecciones internacionales u otros motivos legales para permanecer», se lee en el documento, que fue enviado en las últimas semanas a algunas oficinas del Congreso.
«Las actividades proporcionarían a Costa Rica asesoramiento técnico y apoyo logístico, incluido el transporte aéreo, para los procedimientos de deportación».
Los ministerios de seguridad pública e inmigración de Costa Rica remitieron las preguntas a la oficina del presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna de las entidades respondió a las solicitudes de comentarios.
Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo en enero, su administración se ha basado en una serie de arreglos novedosos para facilitar las deportaciones desde Estados Unidos.
Estos han incluido acuerdos con otros países, incluido Costa Rica, para aceptar inmigrantes en los Estados Unidos ilegalmente, independientemente de si esos migrantes tienen alguna conexión con las naciones a las que son enviados. Algunos de los países que aceptan deportados tienen instituciones débiles o un historial deficiente en materia de derechos humanos, lo que plantea problemas de seguridad.
Si bien el acuerdo descrito en el documento es similar al acuerdo de 2024 de la administración Biden con Panamá, existen diferencias entre la situación en Costa Rica ahora y en Panamá en 2024.
La migración hacia el norte a través del Tapón del Darién desde Colombia a Panamá y hacia Costa Rica y Estados Unidos se ha desacelerado drásticamente.
Al mismo tiempo, algunos migrantes venezolanos han estado transitando por Costa Rica en un viaje hacia el sur, después de renunciar a ingresar a los Estados Unidos en medio de la represión de Trump contra la migración ilegal y su eliminación de los programas de libertad condicional humanitaria de Biden.
El documento no especificó a qué países Costa Rica deportaría a los migrantes, dejando abierta la posibilidad de que algunos puedan ser enviados a un tercer país.
No estaba claro si la administración Trump planea establecer programas similares para financiar las deportaciones de otras naciones latinoamericanas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha viajado a varios países latinoamericanos en los últimos meses para discutir temas de inmigración, incluidos Costa Rica, Panamá, El Salvador y Chile.