07 de octubre del 2025
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales.
Destacó que su propuesta se sustenta en tres pilares orientados a restablecer la simetría en usuarios e instituciones ya devolver el equilibrio en una relación que hoy parece desigual: Acceso amplio y expedito a la cancelación, establecer un plazo pronto y delimitado, y reforzar la protección frente a prácticas indebidas
Monreal Ávila expuso que se busca asegurar un acceso amplio y expedito a la cancelación de tarjetas, a fin de que toda persona, sin importar dónde viva ni qué herramientas tecnológicas tenga a la mano o no, pueda dar por terminada la relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos y digitales. “Nadie debe quedar atrapada en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”.
El segundo pilar propone establecer un plazo pronto y delimitado para que la cancelación se concrete en un máximo de tres días hábiles, sin costos, sin comisiones, sin penalizaciones y sin trámites excesivos. “Se trata de acabar con las prácticas abusivas que hoy desgastan al usuario, y de garantizar certeza en los tiempos, obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual”.
El tercero, propone reforzar la protección frente a prácticas indebidas. La iniciativa declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, prohíbe la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obliga a reembolsar cualquier cobro indebido. Con ello, se protege de manera preventiva a las personas frente a fraudes o abusos, dejando claro que la responsabilidad recae en el emisor, nunca en el cliente, subraya.
Detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, la tenencia de tarjetas de débito y crédito ha mantenido una tendencia ascendente desde 2018, ya que seis de cada diez personas adultas cuentan con una tarjeta de débito y, en términos absolutos, circulan en el país más de treinta y siete millones de tarjetas de crédito, con un saldo de financiamiento que supera los seiscientos treinta mil de pesos.
A ello se suma la falta de canales digitales efectivos y la resistencia activa de las instituciones. Tan solo en 2024 la Condusef registró más de 250 mil reclamaciones; más de 7 mil de ellas fueron solicitudes de cancelación que simplemente no fueron atendidas.
Hizo notar que la propuesta que someterá a la consideración del Pleno busca garantizar que los derechos reconocidos en la ley sean efectivos en la práctica, “que la adherencia y desadherencia a productos financieros se hagan con transparencia, y que la autonomía de la voluntad sea respetada en todo momento”.
“Se trata de fortalecer la confianza en nuestras instituciones y de avanzar hacia un sistema económico más justo, equitativo y cercano a las necesidades reales de la población. Por ello, les invitamos con plena convicción a respaldar esta reforma.
“No tengan duda de que al hacerlo consolidaremos un marco jurídico que respeta la autonomía de la voluntad, fortalezca a nuestro sistema financiero y, sobre todo, asegure lo esencial: que las instituciones estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones”, subrayó.