27 de noviembre del 2025
La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó un punto de acuerdo dirigido a garantizar la universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Por 18 votos a favor y 7 en contra avaló el dictamen que exhorta a las 32 entidades federativas, a suscribirse y adherirse al Convenio para la universalidad de la pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad.
La diputada Rojo Pimentel explicó que el dictamen tiene la finalidad de garantizar la universalidad de la pensión para personas con discapacidad y el exhorto a los estados es para asegurar que el principio de no dejar a nadie atrás se cumpla en cada estado, municipio. Al aprobarlo se garantizará que la pensión para personas con discapacidad sea ineludible.
El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) comentó que lo más efectivo es que los estados sean quienes administran ese recurso como un derecho social en favor de personas con discapacidad.
Por el PAN el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández dijo que el convenio establece la obligación de que los estados cofinancien el programa de apoyo a personas con discapacidad cuando esa obligación es de carácter federal.
La diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) explicó que ya se cuenta con un modelo y hoy la pensión es un derecho constitucional y su administración debe estar bajo un modelo que genere transparencia, eficiencia y trato igualitario.
La instancia legislativa permitida en sentido negativo con 19 votos el dictamen a la iniciativa que planteaba reformar el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social.
La presidenta de la Comisión puntualizó que se llevó a cabo un análisis del marco jurídico y se optó por desechar la propuesta para evitar duplicidades normativas y preservar la coherencia estructural del régimen legal aplicable.
El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) estimó que la vinculación que se menciona en el dictamen es específicamente de la vinculación que hay de los programas sociales con los organismos internacionales.
De PVEM, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo dijo que para poder tener ese tipo de información con el INEGI se pueden revisar los índices de bienestar que se siguen de manera global.
Por otra parte, con 18 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la Comisión avaló el dictamen en sentido negativo que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Desarrollo Social; busca evitar la exclusión de personas que carezcan de escritura pública o título de propiedad en zonas en proceso de regularización.
La diputada Rojo Pimentel pareció que la modificación planteada carece de necesidad jurídica y es incompatible con la estructura normativa vigente. Aseguró que el Programa Sembrando Vida es flexible gracias a sus reglas de operación.
La diputada promovente Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) mencionó que se busca establecer en una ley general que los programas sociales puedan ser designados a personas que vivan en asentamientos irregulares. Es una iniciativa con diagnóstico y enfoque de género.
Liliana Carbajal Méndez, diputada del PVEM, explicó que se reconocen los principios de no discriminación e inclusión territorial y perspectiva de género.