04 de marzo del 2026
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena), aprobó la opinión en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes, presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Considera que todo trabajo relacionado a actividades artísticas ha sido históricamente desvalorado; la situación económica de las personas trabajadoras del arte ha sido precaria en varios sentidos, y la flexibilidad de los oficios no siempre juega a favor del derecho al trabajo de las personas trabajadoras.
Señala que, ante la falta de empleos formales y permanentes, las personas artistas fueron direccionadas a practicar además del autoempleo, trabajos freelance sin garantía alguna de seguridad social o a organizarse y asociarse para formar empresa, buscando contrarrestar la precarización y la desigualdad que viven en su desempeño profesional y personal.
Hace evidente la necesidad de que las personas trabajadoras logren un mayor reconocimiento de sus derechos laborales, pues aun cuando su situación ha sido precaria justo es mirar hacia formas de trabajo que deben regularse desde una perspectiva de defensa del derecho al trabajo.
En su intervención, la diputada Gómez Maldonado dijo que la iniciativa –remitida a esa instancia para emitir opinión ante la Comisión de Cultura a quien le fue turnada para dictamen– tiene como objetivo evitar la vulneración de los derechos laborales y fortalecer la protección jurídica de quienes desarrollan actividades artísticas y culturales, por lo que se respaldó la emisión de una opinión favorable.
Agregó que se integrarán a la opinión las propuestas de las diputadas Ana Karina Rojo Pimentel (PT) y Patricia Mercado Castro (MC), con el fin de que se fortalezca el dictamen en sentido positivo y garantizar los derechos de las y los intérpretes.
Destacó la importancia de que la Comisión de Cultura valore las aportaciones y la sugerencia de abrir diálogo con la Organización Internacional del Trabajo y la Consejería Jurídica de la Presidencia para construir leyes más claras y acordes a estándares internacionales.
La diputada Rojo Pimentel planteó incorporar una modificación que amplíe la cobertura y asegure la protección integral de todo el gremio artístico y cultural para fortalecer el artículo 116 y garantizar también los derechos laborales de quienes trabajan “tras bambalinas”, como productores, escenógrafos, técnicos, iluminadores y guionistas, quienes podrían quedar fuera de la redacción actual.
Para Margarita García García, diputada del PT, es necesario profundizar en la protección de las autorías, especialmente frente a los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial y la reproducción indebida de obras. La prioridad plasmada en la opinión es fortalecer la dignidad y los derechos laborales del sector artístico, frenando abusos y actualizando el marco normativo a los retos de la actualidad.
La diputada Mercado Castro propuso solicitar una opinión consultiva a la Organización Internacional del Trabajo y a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a fin de revisar la redacción conforme al Convenio 100 y garantizar que la legislación secundaria no se oponga al mandato constitucional porque esta disposición podría contradecir la reciente reforma constitucional que consagra el principio de “igual salario por igual trabajo”.
En tanto, la diputada Gabriela Benavides Cobos señaló que su grupo parlamentario, el PVEM, votará a favor de la opinión por considerar que la reforma armoniza las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, brinda certeza jurídica al sector artístico y reconoce plenamente la relación laboral de artistas e intérpretes, garantizando sus derechos, prestaciones y una remuneración justa por la explotación de sus obras.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Morena), afirmó que la reforma es perfectible, pero representa un avance hacia la justicia laboral. Agregó que, aunque dos personas puedan realizar funciones similares, las diferencias salariales pueden justificarse por el nivel de responsabilidad y atribuciones, por lo que llamó a seguir construyendo propuestas que fortalezcan el marco legal en favor de quienes tienen ese derecho.