PUEBLA.-Abril 11 del 2026.-Para fortalecer la protección de las garantías y atender una deuda histórica con las familias de personas desaparecidas, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, mediante la cual se pretende reconocer formalmente a las madres, padres y familiares buscadores como defensoras y defensores de derechos humanos.
La diputada Susana Riestra señaló que la iniciativa tiene el propósito de garantizar medidas integrales de protección y apoyo, de carácter prioritario y sin dilación; la prohibición expresa de cualquier forma de violencia o criminalización contra las personas buscadoras, considerándola una agravante; y la obligación de implementar políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos, que incluyan apoyo psicosocial, económico, logístico y acompañamiento institucional.
Esta iniciativa, que fue elaborada con el colectivo Voz de los Desaparecidos, retoma planteamientos, experiencias y demandas expresadas públicamente, con el objetivo de construir una propuesta legislativa sensible, legítima y alineada a la realidad que enfrentan diariamente las familias buscadoras en el Estado: reconocimiento y protección legal para realizar su labor en condiciones de seguridad y dignidad.
“La búsqueda de una persona no es una concesión del Estado, es una obligación constitucional. En un Estado de derecho, cumplir una obligación no puede convertirse en la base de un castigo. Nadie puede ser castigado penalmente por haberse ido voluntariamente, cualquiera que sea la circunstancia o motivo”, puntualizó.
La reforma parte del reconocimiento de que las familias —en especial las madres buscadoras— constituyen la primera línea de búsqueda frente a la desaparición de personas, enfrentando riesgos, amenazas y omisiones institucionales.
Con la iniciativa, se busca armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Constitución Federal, la Ley General en Materia de Desaparición, así como con tratados internacionales ratificados por México.