10 de agosto del 2026
El diputado Miguel Márquez Ríos presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Puebla, a fin de modernizar y fortalecer el marco jurídico mediante la incorporación de mecanismos de digitalización, preservación electrónica, interoperabilidad documental, evaluación institucional y seguridad de la información.
Lo anterior, con el propósito de garantizar una administración archivística más eficiente, transparente, accesible y orientada al interés público, fortaleciendo al mismo tiempo la memoria institucional, el patrimonio documental y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Como parte de la propuesta, se actualizan las denominaciones de diversas dependencias; además, se fortalecen las atribuciones del Consejo Estatal de Archivos mediante la incorporación de facultades expresas para emitir lineamientos, indicadores y mecanismos de evaluación del desempeño aplicables a los Sistemas Institucionales de Archivos de los sujetos obligados.
Esto, con el objetivo de establecer parámetros objetivos que permitan medir su eficacia en la organización, administración, conservación, digitalización, acceso, preservación y gestión documental, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a preservación digital de largo plazo, interoperabilidad, transparencia archivística, seguridad de la información y mejora continua de los procesos archivísticos.
De igual forma, la iniciativa incorpora obligaciones específicas orientadas al fortalecimiento y consolidación de los Sistemas Institucionales de Archivos Electrónicos, a fin de garantizar su sostenibilidad operativa, capacidad tecnológica y permanencia institucional.
Destaca la implementación de programas y mecanismos de preservación digital de largo plazo que aseguren la conservación, autenticidad, integridad, disponibilidad y recuperación de los documentos electrónicos de archivo; además, el establecimiento de esquemas de
continuidad operativa, gestión de riesgos y recuperación ante desastres que garanticen la disponibilidad y resiliencia de los servicios archivísticos.
Asimismo, la adopción de estándares abiertos, interoperables, accesibles y no propietarios para la gestión, intercambio y preservación de la información documental; el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales mediante acciones de capacitación, certificación y profesionalización especializada en materia archivística y gestión documental; entre otras acciones.
“Los procesos de digitalización archivística y modernización documental generan beneficios institucionales tangibles, tales como reducción de costos administrativos, incremento en la eficiencia gubernamental, fortalecimiento de la transparencia y mejora en la prestación de servicios públicos. No obstante, dichos resultados sólo pueden alcanzarse cuando existe un marco jurídico sólido, órganos de coordinación funcionales y mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y financiamiento”, destaca la propuesta del diputado Miguel Márquez.