CIUDAD DE MÉXICO.— Agosto 30 del 2026.-(EFE).-Familias de personas desaparecidas exigieron al gobierno pasar de administrar la crisis a erradicarla y ofrecer resultados concretos en prevención, búsqueda, identificación y justicia, ante un problema que acumula más de 130 mil no localizadas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) advirtió que no son suficientes las cifras, registros, folios y protocolos.
La organización, que agrupa a colectivos y familias de víctimas, reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional construido durante años con la participación de los propios familiares, pero reclamó que las herramientas existentes se traduzcan en resultados.
“Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, señaló el movimiento.
Nuevas acciones para la búsqueda de desaparecidos
El pronunciamiento ocurre después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el viernes 10 acciones para reforzar su Estrategia Nacional de Búsqueda.
Entre las medidas se encuentra garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y cárceles y poner en marcha un plan de identificación humana para reducir el rezago forense.
Las autoridades también informaron que detectaron 40 mil 628 coincidencias entre personas reportadas como desaparecidas y trámites o actividades posteriores a la fecha de su desaparición. De ese total, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización.
Familias buscadoras enfrentan riesgos
El MNDM recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en mayo un informe sobre las desapariciones en México, con 40 recomendaciones.
Ahí alertó sobre investigaciones fragmentadas, impunidad, problemas de identificación y riesgos para las familias buscadoras.
El movimiento también se refirió a la decisión adoptada en marzo por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, un procedimiento relacionado con situaciones en las que existen indicios de desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática.
El gobierno mexicano ha rechazado que exista una política estatal de desaparición forzada en el país y ha cuestionado la utilización de ese mecanismo, aunque ha expresado su disposición a colaborar con organismos internacionales.
Familiares de desaparecidos piden protección
Las familias también exigieron garantías para realizar sus labores de búsqueda, luego de que este sábado Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, junto con una de sus hijas.
“Buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a quienes la realizan a nuevas violencias”, advirtió el movimiento, que exigió una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” sobre la agresión.
“No buscamos cifras. Buscamos personas”, concluyó.