Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Octubre 19 del 2026.- El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, analiza la posibilidad de asumir la administración de los centros penitenciarios que actualmente se encuentran bajo responsabilidad de los ayuntamientos, con el propósito de mejorar sus condiciones operativas y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que esta propuesta comenzó a revisarse hace aproximadamente dos meses, durante una reunión con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos su titular, Rosa Isela.
Detalló que actualmente los penales municipales funcionan mediante un esquema de aportaciones económicas provenientes de los municipios cercanos a las demarcaciones donde se encuentran ubicados.
Estos recursos son administrados por las autoridades municipales y se destinan principalmente al pago del personal de custodia, la alimentación de las personas internas y los gastos relacionados con el funcionamiento de los centros penitenciarios.
Sin embargo, Sánchez González señaló que se busca evaluar un cambio en este modelo de administración para atender las necesidades existentes en materia de infraestructura, alimentación y condiciones de habitabilidad.
En este sentido, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública podría hacerse cargo directamente del mantenimiento, operación y supervisión de los penales municipales, siempre que exista viabilidad jurídica y administrativa para concretar esta medida.
Así mismo, explicó que se realizarán nuevas reuniones de trabajo para determinar si el marco legal permite transferir la responsabilidad de estos establecimientos al Gobierno estatal.
El titular de la SSP destacó que uno de los objetivos centrales es avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones y disposiciones emitidas por las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, particularmente en lo relacionado con el trato digno y las condiciones de estancia de las personas privadas de la libertad.