Puebla, Puebla, 20 de octubre de 2026. Los programas sociales son
derechos de la ciudadanía y no herramientas para promover funcionarios,
construir candidaturas o comprar respaldo político. Bajo esta premisa, la
diputada local Delfina Pozos Vergara presenta una iniciativa para poner límites
al uso político de los apoyos gubernamentales en Puebla.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone reformar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Puebla, con el objetivo de garantizar que la entrega de recursos, bienes y
servicios públicos se realice bajo principios de imparcialidad, transparencia,
austeridad y neutralidad institucional.
Delfina Pozos advierte que los recursos destinados a combatir la pobreza y
atender a las familias en situación de vulnerabilidad no pueden utilizarse para
construir proyectos políticos personales.
Señala que las entregas de apoyos sociales frecuentemente se convierten en
eventos de promoción de funcionarios, con escenarios, templetes, propaganda,
discursos y fotografías, donde la atención deja de centrarse en las necesidades
de las personas beneficiarias y se concentra en la imagen de quienes
encabezan las administraciones.
La diputada sostiene que ninguna persona debe sentirse obligada a agradecer
públicamente un apoyo que se financia con recursos de la ciudadanía, ni
participar en actividades políticas para conservar un beneficio que le
corresponde por derecho.
“Los programas sociales no son regalos de los funcionarios, no salen de
sus bolsillos y tampoco deben convertirse en instrumentos para comprar
voluntades. Son recursos públicos y deben entregarse sin
condicionamientos políticos”.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa destaca el
reconocimiento expreso de nuevos derechos para las personas beneficiarias:
recibir los apoyos sin condicionamientos políticos, negarse a participar en
ceremonias, discursos, fotografías o grabaciones promocionales y no ser
obligadas a expresar agradecimiento o respaldo personal hacia servidores
públicos.
Asimismo, mediante la incorporación del artículo 19 Quáter, la propuesta
establece prohibiciones específicas para evitar que los programas sociales se
utilicen con fines de promoción personal, partidista o electoral.
Entre las conductas que busca impedir se encuentran:
• Promover candidaturas, aspiraciones electorales o partidos políticos
durante la entrega de apoyos.
• Presentar los recursos públicos como regalos o aportaciones personales
de funcionarios.
• Condicionar beneficios a la asistencia a mítines, concentraciones o
eventos políticos.
• Exigir fotografías, videos o mensajes de agradecimiento a las personas
beneficiarias.
• Utilizar padrones y datos personales para propaganda, afiliación o
movilización partidista.
• Destinar recursos humanos, materiales y financieros de los programas a
actividades electorales.
La iniciativa también establece que las autoridades estatales y municipales
deben privilegiar mecanismos de entrega directa, eficiente y accesible, como
depósitos, transferencias electrónicas, módulos institucionales y entregas
domiciliarias.
Las entregas colectivas únicamente se justifican cuando existen razones
operativas, territoriales, comunitarias o de accesibilidad debidamente
acreditadas.
En periodos electorales, las autoridades deben ajustar las modalidades de
entrega a las disposiciones legales y evitar eventos masivos que comprometan
los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
Delfina Pozos subraya que su propuesta no busca detener los programas
sociales ni perjudicar a sus beneficiarios, sino garantizar que los recursos
públicos lleguen a quienes los necesitan, sin que su entrega se convierta en un
mecanismo de promoción política.
Esta iniciativa da continuidad a la propuesta que presenta el 16 de abril de
2026 para regular la comunicación social institucional de las secretarías
estatales y evitar la promoción personalizada de servidores públicos.
Finalmente, la legisladora sostiene que combatir la pobreza requiere políticas
públicas eficaces, instituciones responsables y recursos transparentes, no
espectáculos políticos financiados con el dinero de la ciudadanía.
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