30 de octubre del 2026
Por: Ariel Martínez
Nos quieren vender la salida de Guadalupe Tadei como una solución elegante, un cierre de ciclo institucional o, en el peor de los casos, un simple trámite administrativo. Como si la marea de evidencias, los señalamientos graves y las presuntas corruptelas que se han acumulado en su contra pudieran disolverse con un simple trámite: “con permiso, presento mi renuncia y me voy a mi casa”. No, señora Tadei; la República no funciona como una oficina privada donde el gerente infiel se retira con los bolsillos llenos y sin rendir cuentas solo por firmar una baja voluntaria.
Durante demasiado tiempo hemos normalizado la cultura del carpetazo exprés en la alta función pública. Cuando el peso de las pruebas es aplastante y las acusaciones de malos manejos, desvíos y abuso de poder superan cualquier margen de duda, la dimisión no puede ni debe ser el punto final. Permitir que un funcionario señalado abandone el cargo bajo sus propios términos —evitando el escrutinio formal, el juicio político o la inhabilitación— es un insulto directo a la ciudadanía y una burla al erario.
Un «me voy» a tiempo no borra el agravio ni restituye la confianza en las instituciones que debieron ser resguardadas con probidad. La renuncia voluntaria, ante faltas graves, funciona muchas veces como un salvoconducto de impunidad diseñado para proteger redes de complicidad y evitar que la verdad salga a flote en los tribunales.
Por eso, el reclamo social hoy tiene que ser categórico y sin matices. Primero, tiene que haber un castigo ejemplar. No basta con el desgaste mediático ni con el repudio público; se necesita una investigación exhaustiva, transparente y sin simulaciones por parte de las instancias competentes que derive en sanciones reales, inhabilitaciones definitivas y consecuencias penales si la ley así lo determina. La impunidad institucional solo engendra más corrupción.
Pero, sobre todo, hay una exigencia elemental de justicia distributiva que no admite negociación: la obligación inexcusable de reponer hasta el último centavo del dinero que se llevó. El erario no es un botín de guerra ni una caja chica para premiar lealtades o financiar excesos personales. Cada peso malversado pertenece a los ciudadanos, a los contribuyentes que sostienen este país con su esfuerzo diario. La restitución íntegra del patrimonio dañado debe ser un requisito innegociable de cualquier resolución legal.
La salida de Guadalupe Tadei no puede convertirse en un borrón y cuenta nueva. Si permitimos que los funcionarios acusados de corrupción se vayan tranquilamente a disfrutar de sus privilegios tras dejar tras de sí un halo de sospecha y daño patrimonial, estaremos enviando el peor mensaje posible: que delinquir desde el poder vale la pena. Es hora de acabar con la puerta giratoria de la impunidad. Justicia real, castigo severo y devolución íntegra de los recursos: lo demás, es complicidad.