Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Noviembre 05 del 2026.- El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que el estado habría recibido contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y por otros 129.7 millones de pesos durante 2024 y 2025, relacionados con empresas que actualmente son investigadas a nivel federal por la presunta red de corrupción en la contratación de materiales y servicios electorales.
Durante rueda de prensa, el funcionario sostuvo que las investigaciones deben abarcar todos los periodos, instituciones y entidades involucradas, sin excepciones, y aclaró que corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar si los procedimientos de adjudicación fueron correctos y si los servicios contratados efectivamente se prestaron.
En rueda de prensa, el coordinador señaló que Puebla no debe quedar al margen de las revisiones y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue los contratos, en coordinación con las instancias estatales que sean requeridas. Añadió que el Gobierno estatal respaldará la transparencia y que los contratos de procesos electorales anteriores del Instituto Electoral del Estado (IEE) deben hacerse públicos de manera completa.
El coordinador también rechazó que los señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), puedan atribuirse directamente a Morena. Afirmó que su trayectoria en los órganos electorales comenzó antes de que asumiera la presidencia del organismo nacional y recordó que su nombramiento como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora ocurrió en 2014, durante la integración del Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova.
De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, Taddei presidió el organismo electoral de Sonora del 01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021. Posteriormente, el 31 de marzo, la Cámara de Diputados la designó consejera presidenta del INE mediante un proceso de insaculación. Su renuncia fue presentada el 26 de octubre, en medio de los señalamientos relacionados con las presuntas irregularidades.
García Parra mencionó que, según la información presentada por el Gobierno estatal, las investigaciones abarcan una red de contratación con una trayectoria de 27 años, en la que se habrían identificado al menos seis empresas y operaciones por más de 2 mil 740 millones de pesos. También recordó antecedentes de contratos y denuncias por presuntos actos de corrupción en organismos electorales, entre ellos un convenio por 63.7 millones de pesos en el Instituto Electoral del Estado de México en 2005.
El funcionario precisó que los montos asignados a las empresas bajo investigación no constituyen por sí mismos una prueba de irregularidades en cada contrato, por lo que insistió en que deben revisarse los procesos de adjudicación, el cumplimiento de los servicios y las posibles responsabilidades.
Por parte del Gobierno de Puebla manifestó que respetará la autonomía del INE y del IEE, y que no prejuzgará ni descartará responsabilidades, pues estas deberán ser determinadas por las autoridades competentes. También aseguró que colaborará con las instancias fiscalizadoras y de investigación, entre ellas la ASF y la Auditoría Superior del Estado, en caso de que soliciten información.
El coordinador afirmó que la administración estatal mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo de las investigaciones y buscará que el proceso electoral del 06 de junio de 2027 se realice con certeza y confianza para la ciudadanía.