09 de noviembre del 2026
Por Ariel Martínez R.
Existe una narrativa muy instalada, promovida por tecnócratas de oficina y grandes corporaciones, que nos presenta el paso hacia una economía ciento por ciento digital como un dogma incuestionable. Se nos repite hasta el cansancio que despojarnos del efectivo y volcar todas nuestras transacciones a la pantalla es el único sinónimo válido de progreso. Sin embargo, detrás de ese brillo modernizador se esconden vulnerabilidades profundas que ya han demostrado ser muy costosas en otras partes del mundo.
La idea de una economía totalmente abstracta suena impecable en los papeles, pero omite una regla básica de la realidad social: cuando se prescinde del soporte físico sin haber consolidado primero instituciones sólidas y una red de contención real, los primeros en sufrir las consecuencias son los sectores más frágiles.
No hace falta buscar demasiado lejos para encontrar ejemplos de tropiezos estrepitosos. En diversas naciones, la apuesta ciega por desmaterializar el dinero ha derivado en fallas críticas de ciberseguridad, en la exclusión abrupta de comunidades enteras y en una peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos intermediarios tecnológicos.
Y para comprobar que esto no es una teoría lejana, tenemos el caso reciente de lo ocurrido en Paraguay.
Las turbulencias vividas recientemente en el ecosistema financiero y digital de suelo paraguayo —con intervenciones a plataformas, bloqueos temporales de cuentas y la consecuente zozobra de miles de ahorristas y trabajadores que de la noche a la mañana se vieron impedidos de disponer de sus recursos— exponen con crudeza la fragilidad de este modelo. Nos recuerda que una modernización bancaria impuesta a las apuradas se parece demasiado a un corralito moderno, donde el dinero de la gente común se desvanece de las pantallas a merced de un fallo técnico, una corrida virtual o una mala gestión corporativa.
Vale la pena detenerse a examinar por qué no deberíamos aceptar mansamente esta digitalización sin freno:
En primer lugar, está la vulnerabilidad sistémica. Una economía reducida a impulsos digitales queda a merced de un apagón, una caída de servidores o un ataque informático. Cuando el sistema se detiene, la vida comercial se paraliza por completo; nadie puede comprar, vender o resolver su día a día porque el dinero en efectivo ya ha sido arrinconado.
En segundo lugar, la exclusión social. Obligar a la población a operar exclusivamente de manera virtual parte de una premisa falsa: dar por sentado que todos tienen acceso constante a internet de calidad, dispositivos costosos y la capacitación necesaria. La realidad de nuestros países demuestra que esto margina automáticamente a los adultos mayores, a las zonas rurales y a los millones de trabajadores que subsisten en la economía informal.
En tercer lugar, la pérdida de privacidad. Al transaccionar únicamente mediante soportes rastreables, se abre la puerta a un control férreo, ya sea estatal o corporativo, donde cada movimiento financiero deja una huella que vulnera la autonomía individual y la intimidad de las personas.
La tecnología económica debe estar al servicio de la sociedad, y no a la inversa. Lo sucedido en Paraguay debería funcionar como una señal de alarma para toda la región. Antes de aplaudir ciegamente el salto hacia el dinero invisible, es imperativo garantizar la seguridad de los ahorros, proteger la inclusión de quienes siempre quedan al margen y reconocer que, a veces, la tangibilidad del intercambio humano sigue siendo nuestro mejor refugio.