30 de julio del 2024
Redacción/Sol Quintana Roo
Mérida.– Autoridades maquillan cifras de la trata de personas, con la finalidad de preservar la imagen de la entidad como un estado seguro y donde no ocurre nada. Agrupaciones de la Sociedad Civil y de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, han documentado más de 500 casos de este delito a lo largo de la administración de Mauricio Vila Dosal.
Sin embargo, la Fiscalía de Yucatán solo tiene abiertas 41 carpetas de investigación por este delito, lo que representa el 8.2% de estos delitos.
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer año de Gobierno de Vila Dosal se denunciaron 11 delitos por trata, en el 2020, año de la pandemia la cifra subió a 20, en el 2021 hubo 5, en el 2022 fueron 3, en el 2023 sólo registró 2 y ahora, en este 2024 no hay denuncias.
De acuerdo con agrupaciones de la Sociedad Civil, los números contrastan con los casos que se han logrado documentar, la cifra es de unas 500 personas que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.
Denunciaron que ni la Fiscalía, ni la Fiscalía General de la República investigan como tal estos delitos, debido a que los clasifican como abuso sexual, explotación infantil o lenocinio, pero no como trata.
La manera de maquillar este delito, considerado como de alto impacto, ocurre de manera similar a como se ocultan los verdaderos datos de feminicidio.
Hoy, que se conmemora el Día Mundial en la lucha contra la trata, en Yucatán estas agrupaciones han encontrado una mina de oro, ya que el estado es considerado como una ruta de los tratantes.
Como Grupo Sol ha documentado, autoridades tanto policiales como de migración están involucrados en este negocio.
Mujeres sudamericanas son traídas a Yucatán por estos grupos para ser explotadas sexualmente contra su voluntad en casas de cita o centros nocturnos, al igual que niños y mujeres que son traídas por grupos de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, donde son obligadas de pedir limosna o ser víctimas de explotación laboral.
Un ejemplo fue el del Iker, un niño de 7 años de edad, quien fue sustraído de Chiapas y que era obligado a pedir caridad en las avenidas de Mérida. El caso salió a la luz pública, luego de que el menor murió atropellado.