13 de septiembre del 2024
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
El presente mes de septiembre ha perdido su característica de “Mes de la Patria” para convertirse en el “mes de las traiciones y la imposición de la voluntad presidencial”; enfrentamiento verbal entre legisladores del Congreso de la Unión, la mayoría fieles a las instrucciones dictadas desde el Palacio Nacional.
Hacía muchos años que el último mes del sexenio gubernamental, no presentaba un panorama tan violento y de desencanto de millones de mexicanos, como el que ahora se presenta a raíz de la propuesta de 20 Reformas Constitucionales enviadas al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, para su análisis y aprobación, al vivo ejemplo de algunos gobiernos latinoamericanos.
Así ocurrió el pasado 5 de febrero del presente año. Aniversario, además, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el afán de cambiar estrategias de desarrollo económico y de la vida política de este país que, hasta la llegada de este gobierno, había sido más democrática que dictatorial.
El señor presidente formó su “Movimiento de Regeneración Nacional” y lo llevó a la “cumbre del poder en México”, como partido político, a base de “billetazos”, propiedad de la Nación.
Cabe preguntarse ¿de dónde sacó tanto dinero para sus “programas sociales”, sus “becas para estudiantes” y su apoyo económico para los “adultos mayores”; “sembrado vida”; para “obras faraónicas” y para reinar desde Palacio Nacional?
Pues del mismo erario nacional; de endeudamiento interno y externo, además de divisas en dólares que, generosamente, envían nuestros paisanos braceros desde el país del norte. Además, quitó recursos económicos del presupuesto federal, de una gran cantidad de programas para el desarrollo urbano y rural, sin tomar en cuenta que, de este último sector, depende en gran medida la producción de alimentos, como granos básicos, carne y leche.
Es necesario destacar que el medio rural fue el mayormente castigado por la corrupción dentro del gobierno, sin que se haya aplicado la justicia con rigor. Se habló al principio, más allá de la mitad del sexenio, que la sustracción de dinero en la empresa del Estado, SEGALMEX, ascendía a más de 15 mil millones de pesos. Supuestamente se redujo esta cantidad a 10.5 mil millones de pesos, pero, en los últimos datos sobre este particular, el fraude se fijó en 2 mil 500 millones de pesos, aproximadamente.
El principal responsable de este fraude, amigo personal de AMLO, responde al nombre de Ignacio Ovalle Fernández, mismo que actualmente cobra como director general de un programa de la Secretaría de Gobernación.
REFORMA AL PODER JUDICIAL
Pero vayamos al escándalo derivado de la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, supuestamente acusado de corrupción, frente a la inseguridad e impunidad en el país.
Este problema va en serio, al grado de que unos mil jueces y magistrados federales, plantearon la necesidad de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, intervenga mediante petición al gobierno de López Obrador, suspenda la reforma al Poder Judicial, a la cual calificaron como “golpe de Estado”.
De igual manera, más de mil impartidores de justicia federal, presentaron una solicitud a finales de agosto recién pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el gobierno de México suspenda el trámite legislativo de esa reforma, que atenta a la independencia del Poder Judicial.
Además, por ser violatoria de los derechos humanos, constituye una violación a los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales obligatorios para el Estado Mexicano.
El gobierno y particularmente los legisladores del Senado de la República, último escaño para determinar la viabilidad de la aprobación de la Reforma Judicial, hicieron “circo, maroma y teatro” para completar la cantidad de legisladores y dar aprobación a la citada reforma del Poder Judicial.
Sólo hacía falta un senador para completar la cantidad de 86 y, de última hora, llegaron dos legisladores llamados “traidores a la Patria”: Miguel Ángel Yunes Márquez, titular en el Senado por Veracruz, y su suplente, su mismo padre, Miguel Ángel Yunes Linares, para dar el “golpe de gracia” y seguimiento de la reforma del Poder Judicial.
El escándalo ocurrió como no se había visto en la sede del Senado de la República, sobre todo que estos “traidores” eran militantes del Partido Acción Nacional (ya expulsados). Yunes Linares fue gobernador de Veracruz, y el hijo… presidente municipal de Boca del Río, Veracruz.