11 de noviembre del 2024
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
El anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dedicó, en gran medida, a destruir diversas instituciones que, a lo largo del México Independiente, se habían formado con el esfuerzo de millones de mexicanos preocupados por presentarse al “concierto de las naciones en el mundo, con dignidad y honradez”, reconociendo algunas excepciones, como fue la dictadura de Porfirio Díaz Mori.
Sin embargo, en tan sólo seis años de vigencia en el poder, López Obrador, ya para terminar su obra destructiva, planteó al Congreso de la Unión, un total de 20 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas una, la reforma del Poder Judicial, que forma parte destacada de los “Tres Poderes de la Unión”. Uno es el Ejecutivo, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el solo anuncio del gobierno que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la ejecución de la Reforma Judicial exigirá un desembolso de recursos fiscales por el orden de 13 mil millones de pesos, significa una barbaridad de dinero en un país –como México—cuya población nacional enfrenta una desnutrición del 50 por ciento, a pesar de que en los últimos años se han tenido que importar hasta 14 millones de toneladas de maíz, alrededor de 4 millones de toneladas de trigo, frijol y arroz.
A estas necesidades, hay que añadir compras crecientes en el exterior de carne de cerdo y res, huevo, pollo y leche, con el consecuente desequilibrio en la balanza comercial. La deficiencia en la economía rural mexicana, no es producto de la casualidad, la falta de lluvias o la pobreza de los productores del campo.
No, señora Presidenta, se debe a la cancelación de los financiamientos gubernamentales al campo. Nada menos que López Obrador desapareció las operaciones de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, y no se sabe qué rumbo seguirá el FIRA del Banco de México, en materia de impulso al campo.
Ese anuncio de ejercer dicha cantidad extraordinaria de fondos económicos para contar con una burocracia bien preparada, incorrupta, con un equilibrio intachable de aplicación de la justicia, consideramos millones de mexicanos, deberían destinarse a una mejor alimentación en términos genéricos de lo que ustedes llaman pueblo.
Es decir, en un contexto nacional incluyente de población, que es de 135 millones de mexicanos –de los cuales se contabiliza un padrón de 100 millones de electores—solamente votaron a favor del partido ganador 36 millones; el resto para 100 millones de votantes, es de 64 millones, más 35 millones que no están en edad de sufragar. Esta es la interpretación que, a buen juicio, significa realmente el significado de pueblo.
Un hecho reciente que da fe del autoritarismo heredado por el señor López Obrador, fue el “golpe” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, en los mismos términos en que el Poder Ejecutivo lo remitió a las Cámaras de Diputados y Senadores.
En una sesión histórica de siete horas de deliberaciones, se dio el fallo del triunfo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por supuesto, durante toda su campaña política, solicitó el voto de los electores para dar vigencia al planteamiento de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
En su calidad de presidenta de la Corte, la doctora Norma Lucía Piña, inició su participación con el recordatorio de cumplir cabalmente con la Ley, y que toda la sesión de la Corte, quedaría plasmada en los libros de historia del país, y que será revisada escrupulosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional, por las generaciones futuras de mexicanos.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión recordando que cualquier decisión estaría en los libros de historia del país y será revisada escrupulosamente por la sociedad, la comunidad jurídica nacional e internacional y por generaciones futuras.
Muy mesurado, como es su costumbre, el ministro Luis María Aguilar Morales criticó que se alzara la voz en la sesión «como en un mitin», para imponer ideas en vez de argumentos. Puntualizó que, si se invalidaron leyes del Ejecutivo, era porque estaban «mal hechas, en este y en cualquier sexenio”, así sucedió.
Cuando se discutía la legitimación de los partidos políticos para presentar acciones de inconstitucionalidad, el ministro Alberto Pérez Dayán rompió con el bloque contra la reforma. Con hojas de block en las manos, leyó lo que podría ser el epitafio de las acciones de inconstitucionalidad y del proyecto de González Alcántara Carrancá.
«La aquí analizada [acción de inconstitucionalidad] es (…) total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido de la propuesta (del Ministro González Alcántara) sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad». Su voto en contra fue decisivo.
Tras sus palabras, Pérez Dayán sumó su negativa a la de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Cuatro votos suficientes para considerar la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad y declarar el sobreseimiento de los recursos presentados.
Así se determinó que la mayoría calificada sería de ocho votos y, con ellos, queda intacta la reforma planteada por el expresidente López Obrador, en el marco de una decisión que marca un antes y un después en el Poder Judicial.