05 de marzo del 2025
Estados Unidos dio de plazo este martes hasta el 3 de abril a la petrolera Chevron para «la liquidación» de operaciones en Venezuela, una bofetada para el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que anticipa «un incremento» en el precio del crudo.
Siguiendo las instrucciones del presidente estadounidense Donald Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó el «cierre de actividades» en el país caribeño de Chevron, de sus «empresas conjuntas» con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela PDVSA o de cualquier compañía en la que esta última posea «una participación del 50%».
Con esta finalidad el Departamento del Tesoro estadounidense creó la licencia 41A, que entra en vigor este martes y revoca la emitida en noviembre de 2022 por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden.
Restricciones
La nueva licencia impone sin embargo a Chevron, la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.
Chevron no podrá pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», ni dividendos a PDVSA, ni a ninguna compañía en la que esta posea, «directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 por ciento».
También quedan prohibidos la venta de petróleo o productos petroleros «a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos» y llevar a cabo transacciones con empresas controladas por compañías de la Federación Rusa.
Por último, y como viene siendo costumbre, tampoco se permiten las operaciones con personas sancionadas por Washington.
A finales de febrero Trump ya anunció el fin de la licencia que permite a la petrolera estadounidense operar en Venezuela.
Caracas prevé consecuencias en el mercado porque Chevron aporta unos 200 mil barriles diarios (bd) de petróleo del millón de bd que produce Venezuela.
El nuevo gobierno de Estados Unidos pretendiendo hacer un daño al pueblo venezolano, (se) está autoinflingiendo un perjuicio al causar incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero», afirmó Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, en un comunicado.
Según el economista venezolano Asdrúbal Oliveros, la revocatoria «tiene un impacto macroeconómico importante».
Se notará «especialmente en el flujo de ingreso y, por ende, en la expectativa de tipo de cambio que se deteriora y la inflación», declaró la semana pasada a la AFP.
Incumplimientos
El magnate republicano acusa a Maduro, cuya reelección no reconoce, de no recoger a migrantes venezolanos en situación irregular al ritmo «que habían acordado».
tras volver a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump se propuso expulsar de Estados Unidos a tantos migrantes en situación irregular como pueda y para ello ha desplegado una campaña diplomática que llevó al jefe de la diplomacia, Marco Rubio, a varios países latinoamericanos.
Rubio no fue a Venezuela. Pero Trump envió a Caracas a un emisario especial, Richard Grenell, para sellar acuerdos migratorios que, según el republicano, se han incumplido.
Venezuela «era un gran país hace 20 años y ahora es un desastre», afirmó el millonario en enero nada más regresar a la Casa Blanca, dando a entender que barajaba dejar de comprar petróleo a este país porque no lo necesita.
Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en 2019, durante el primer mandato de Trump, cuyo sucesor, Biden, mantuvo contactos puntuales para propiciar la celebración de elecciones presidenciales en julio pasado, que finalmente estuvieron salpicadas de fraude, según Washington y numerosos países.
Trump, al igual que Biden, apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.
Sin mencionar la revocación de la licencia de Chevron, Maduro, pidió a finales de febrero un diálogo de «igual a igual» con Estados Unidos.
Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso de igual a igual lo haríamos, lo hemos hecho y lo haremos, sin problema», dijo.
La petrolera española Repsol y la francesa Maurel & Prond todavía operan en el país caribeño.
Si se cancelaran estas licencias «la única alternativa que le queda a Maduro es arreglarse con Irán», explicó recientemente Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas.