25 de abril del 2025
Ante la polémica generada en medios de comunicación y organizaciones sociales dedicadas a investigar la idoneidad de las candidaturas para jueces y magistrados —en la que se han señalado ocho perfiles con supuestos problemas jurídicos, lo que representa menos del 0.002% del total de registros—, el debate público ha escalado en torno a los límites institucionales, la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso en un contexto electoral inédito para el Poder Judicial.
El pasado jueves, durante la sesión del Consejo General del INE dedicada a la elección de jueces, magistrados y ministros, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala manifestó su preocupación sobre la revisión de requisitos de elegibilidad en el proceso de selección de candidaturas. En días recientes, el debate jurídico ha cobrado aún más fuerza.
Para entender los alcances de esta controversia, entrevistamos al abogado Ramón López Castro, especialista en derechos fundamentales.
¿Qué opinión le merece la advertencia de la consejera presidenta sobre una posible vulneración a la presunción de inocencia?
Es una advertencia legítima y oportuna. La presunción de inocencia no es un principio retórico, es un derecho humano consagrado en la Constitución. Reabrir un proceso de revisión sobre requisitos ya acreditados ante el Senado y los Comités de Evaluación implica poner en duda, sin base jurídica nueva, la legalidad de esas candidaturas. Hacerlo en medio de campañas genera incertidumbre jurídica.
¿Qué piensa del acuerdo que contempla habilitar un micrositio del INE para recibir denuncias ciudadanas sobre vínculos de candidatos con el crimen organizado?
Es profundamente preocupante. Un espacio abierto a denuncias sin necesidad de pruebas vulnera directamente la presunción de inocencia. Convertir al INE en un buzón público para acusaciones anónimas transforma el proceso en un coliseo romano, como bien advirtió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay garantías para quienes sean señalados, ni para quien denuncia: no existen protocolos claros, ni filtros mínimos de veracidad.
Pero hay quienes argumentan que estas denuncias deben ser escuchadas…
Por supuesto. Deben canalizarse por las vías legales. El INE, como señaló la consejera Taddei, debe remitir cualquier indicio serio a las autoridades competentes. Lo que no puede hacer es fomentar el linchamiento mediático ni la sospecha sin sustento, más aún cuando ya hubo un procedimiento respaldado por el Senado.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y afirmó que no puede convertirse la elección en un coliseo romano. ¿Qué opina de esta declaración?
Me parece acertada. En una democracia, el escrutinio no puede sustituirse por el espectáculo. La frase resume perfectamente el riesgo de este tipo de mecanismos: no se puede montar una arena para que los candidatos sean juzgados por rumorología. La justicia no puede depender de percepciones, sino de pruebas.
¿Cuál sería el camino correcto para tratar denuncias legítimas en este contexto?
Si existe información nueva y documentada, debe presentarse ante la Fiscalía o el Tribunal Electoral, pero no puede someterse a las candidaturas a un nuevo filtro burocrático o mediático que viole su derecho a una defensa adecuada. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego.
¿Qué riesgos ve si este acuerdo se impone?
El principal riesgo es sentar un precedente peligroso: hoy son los jueces, mañana puede ser cualquier candidatura, también se deslegitima el trabajo del Senado y los comités evaluadores. Lo que está en juego es el respeto al marco legal, a los derechos humanos y a los límites institucionales.