Ciudad de México.- Mayo 4 del 2025.- La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, impulsó una iniciativa que añadió el artículo 1916 Ter al Código Civil Federal, para establecer que los servidores públicos afectados en su patrimonio moral por opiniones y/o información, a través de los medios de comunicación e información, deberán probar la existencia de la malicia efectiva.
Agrega que deberá demostrar que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad, con total despreocupación sobre si era falsa o no, y que se hizo con el único propósito de dañar.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, también propone reformar el artículo 1934, a fin de establecer que la acción para exigir la reparación de los daños causados, en el caso de lo previsto en el artículo 1916 Ter de este Código, prescribe en seis meses contados a partir de la difusión de la información.
En la exposición de motivos, menciona que los servidores no ejercen de manera oportuna la acción de responsabilidad por daño moral en el momento que tienen conocimiento de la información, ya que recurren a esta figura con el objetivo de intimidar a las y los periodistas y, con ello, mantienen en constante amenaza a los comunicadores y se afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Por ello, la diputada López Rabadán establece que la iniciativa busca que el periodismo cuente con el máximo grado de protección contra demandas civiles de personas ligadas al poder.
Lo anterior, añade, ya que, en muchos casos, cuando un político o servidor público es señalado por alguna información publicada por un periodista, decide exigir por supuesto daño moral. No obstante, lo único que buscan es silenciar e intimidar a un periodista, afectando directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
El objetivo de la iniciativa es incorporar el sistema dual de protección en la legislación federal, lo que implica la adopción del estándar de malicia efectiva o real malicia en el Código Civil Federal, con el propósito de fortalecer la libertad de expresión de periodistas y comunicadores al momento de publicar críticas contra actores políticos y del poder, ya que, al dedicarse a una actividad pública, deben tener un límite de crítica mayor al que tiene cualquier persona.
Señala que dicha propuesta legislativa proviene de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, como “Propuesta Cívica”, que se ha distinguido por trabajar en la protección a la libertad de expresión.
Además, exponen que el estándar de malicia efectiva se encuentra contemplado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en la legislación de algunas entidades federativas y ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.