20 de junio del 2025
Una corte federal de apelaciones dictaminó que el presidente Donald Trump puede seguir ejerciendo el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles, pese al rechazo del gobernador de California, Gavin Newsom.
En un fallo unánime de 38 páginas, los tres jueces del tribunal dijeron que «no emitir la orden de federalización directamente ‘a través’ del gobernador de California no limita su autoridad legal para convocar a la Guardia Nacional».
Protestas por redadas migratorias
El fallo de una corte federal se enmarca en una creciente tensión entre el gobierno federal y el estado de California. El 7 de junio de 2025, Trump ordenó el despliegue de unos 4 mil miembros de la Guardia Nacional, además de marines, para contener manifestaciones desencadenadas por operativos migratorios en la ciudad.
La Casa Blanca argumentó que las protestas ponían en riesgo instalaciones y personal federal, y que la situación requería una intervención directa bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos, que autoriza al presidente a federalizar tropas estatales en casos de emergencia.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso de inmediato, calificando la medida como un “abuso de poder” y denunciando que el despliegue federal vulneraba la soberanía del estado.
Respaldado por fiscales estatales y organizaciones de derechos civiles, Newsom llevó el caso a los tribunales y obtuvo inicialmente una orden judicial del juez federal Charles Breyer, quien bloqueó temporalmente la medida al considerar que la administración no demostró la existencia de una insurrección ni consultó apropiadamente al gobierno estatal antes de federalizar las tropas.
Sin embargo, el 19 de junio, el Noveno Circuito de Apelaciones revocó esa decisión en un fallo unánime de 38 páginas, afirmando que el presidente actuó conforme a la ley y que no es necesario emitir la orden «a través» del gobernador para ejercer autoridad sobre la Guardia Nacional.
Según los magistrados, las evidencias presentadas por el Departamento de Justicia —incluyendo ataques a agentes federales y bloqueos en edificios oficiales durante las protestas— justificaban la acción presidencial.
El caso podría escalar a la Corte Suprema, mientras persiste el debate sobre los límites del poder federal frente a los derechos de los estados.