19 de noviembre del 2025
La Comisión de Juventud, que preside el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI), aprobó por mayoría un dictamen, con el fin de armonizar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con los principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad sustantiva y no discriminación, mediante la incorporación de un lenguaje incluyente y no sexista.
La iniciativa plantea modificaciones de redacción a los artículos 3, 3 Bis, 4, 4 Bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Bis, 16 y 17 de la Ley, al sustituir expresiones que emplean el género masculino como forma universal –tales como “los jóvenes”, “el director general” o “los servidores públicos”– por términos neutros, incluyentes y representantes de la diversidad como “las personas jóvenes”, “la persona titular de la Dirección General” o “las personas servidoras públicas”.
El diputado promovente, Jericó Abramo Masso (PRI), señaló que la iniciativa permitirá armonizar la ley antes referida con la tendencia normativa nacional e internacional, que busca erradicar expresiones sexistas en los textos legales, promover el principio de “nombrar lo que existe” y fortalecer una comunicación pública más representativa, equitativa y no discriminatoria.
Hizo notar que la propuesta no introduce modificaciones sustantivas al objeto, atribuciones o estructura del Instituto Mexicano de la Juventud, ni crea nuevas obligaciones administrativas o presupuestarias; su finalidad es armonizar el marco normativo del Instituto con las disposiciones de las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Finalmente, la instancia legislativa aseguró que la adopción de un lenguaje incluyente y no sexista en los textos legales es una medida que contribuye a visibilizar a todas las personas, promover la igualdad sustantiva y eliminar estereotipos de género, que garantiza que la redacción de las normas refleja la diversidad de las juventudes mexicanas.
Asimismo, aclaró que el uso de un lenguaje neutro no modifica el contenido jurídico ni la estructura funcional del Instituto, sino que fortalece su legitimidad institucional y su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos.