26 de enero del 2026
Por Manuel CARMONA
El pobre nivel parlamentario en Puebla vuelve a quedar en evidencia, a consecuencia del sorpresivo desenlace que tuvo la desaparición en Amozoc de la joven Lidya Valdivia, que como ya es del dominio público resultó un burdo montaje que en su momento deberá ser aclarado y que provocó rechazo, indignación social y que una vez más ha permitido apreciar sin ningún filtro, la preocupante falta de conocimientos básicos sobre los procesos legislativos y, aún más grave, sobre el propio marco jurídico que nuestros diputados deberían estar obligados a conocer y mejorar, porque ese es su trabajo por el cual se les paga y se les paga además muy bien.
No se trata de un desliz aislado, sino de un patrón que confirma la improvisación como una constante en el quehacer legislativo local.
Desgraciadamente la ausencia de profesionalización en la vida pública de nuestro país, no está ajena al acontecer cotidiano al interior del Poder Legislativo, que durante décadas se ha convertido en un espacio para ocurrencias y para experimentos políticos de TODOS LOS PARTIDOS en las últimas décadas. La función parlamentaria exige preparación técnica, estudio permanente y una comprensión mínima del sistema jurídico mexicano.
Sin embargo, en Puebla, con frecuencia se presentan iniciativas que repiten normas ya existentes, contradicen disposiciones vigentes o ignoran principios elementales de técnica legislativa, lo que deriva en propuestas ineficaces y, en muchos casos, innecesarias.
Un ejemplo reciente es la reciente propuesta dada a conocer por la diputada local Nay Salvatori, quien sugirió crear sanciones específicas para las personas que finjan su desaparición.
Aunque su idea aborda una problemática real de un país sacudido por un largo periodo de miles de desapariciones, el anuncio de la legisladora revela un desconocimiento de los principios generales del derecho, que la ley debe ser general, impersonal y abstracta y que la interpretación y SU INDIVIDUALIZACION corresponde al Poder Judicial.
En el Código Penal del Estado de Puebla ya se encuentran tipificados actualmente delitos como la falsedad en declaraciones y la simulación de actos jurídicos, figuras que pueden aplicarse perfectamente a conductas de este tipo. La propuesta de la diputada no tiene nada de novedosa ni de necesaria, por lo tanto, no aporta un nuevo instrumento jurídico ni cubre ningún vacío legal real.
Este tipo de propuestas no solo resultan redundantes, sino que contribuyen a la saturación normativa y a la confusión legal. Crear leyes sin conocer las existentes debilita al sistema jurídico, resta seriedad al trabajo legislativo y desvía la atención de los verdaderos problemas que requieren soluciones estructurales y bien fundamentadas. Legislar no debería ser un acto impulsivo ni una estrategia de posicionamiento mediático.
Es inevitable pensar que detrás de estas iniciativas existe cierto oportunismo político o la simple necesidad de buscar reflectores, aún cuando ello implique exhibir carencias técnicas evidentes. Cuando el afán de protagonismo sustituye al estudio y al análisis, el Congreso se transforma en un escenario de discursos vacíos y propuestas improvisadas, alejadas de las verdaderas necesidades de la sociedad.
El problema, sin embargo, no se limita a un solo caso ni a una sola legisladora. Muchos diputados poblanos muestran desconocimiento del trabajo parlamentario, de los procedimientos legislativos y de la estructura básica del sistema jurídico mexicano, pero ya estaremos abordando esos casos en su oportunidad.
El propósito de este texto es invitar a los ciudadanos en general, para abrir y participar en un debate serio y urgente sobre los perfiles de quienes aspiren a legislar en el futuro. Explorar la posibilidad de que la ley establezca requisitos profesionales mínimos —como la formación jurídica— para ocupar una curul podría elevar la calidad del debate y reducir la improvisación que hoy caracteriza al Congreso.
No se trata de elitizar la política, sino de PROFESIONALIZARLA. Mientras el Congreso de Puebla continúe legislando sin conocer la ley, los ciudadanos seguirán enfrentando las consecuencias de LA IGNORANCIA CONVERTIDA EN NORMA y el protagonismo disfrazado de iniciativa legislativa.