30 de enero del 2026
China ejecutó este jueves a 11 personas vinculadas a bandas criminales que operaban en el norte de Birmania (Myanmar), entre ellas integrantes considerados “miembros clave” de redes responsables de manejar complejos de ciberestafa a gran escala en el sudeste asiático. La información fue confirmada por la prensa estatal china, que detalló que las ejecuciones se llevaron a cabo tras la aprobación del Tribunal Popular Supremo.
Las sentencias de muerte habían sido dictadas en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este de China, y ratificadas posteriormente por la máxima instancia judicial del país. Los condenados fueron hallados culpables de delitos como homicidio intencional, lesiones graves, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos, crímenes que habrían sido cometidos desde 2015.
Entre los ejecutados se encontraban integrantes de la llamada “familia Ming”, un poderoso sindicato criminal que operaba en la región autónoma de Kokang, en la frontera entre China y Myanmar. Según las autoridades chinas, las actividades del grupo contribuyeron directamente a la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos, además de provocar lesiones a “muchos otros”.
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Se permitió a los familiares cercanos de los criminales reunirse con ellos antes de la ejecución”, señaló Xinhua en su reporte, subrayando que el proceso se llevó a cabo conforme a la legislación vigente.
Centros de ciberestafa, trata de personas y violencia sistemática
Durante años, la familia Ming fue considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del norte de Myanmar. Formaba parte de las denominadas “cuatro familias del norte de Myanmar”, término con el que se identifica a sindicatos acusados de controlar cientos de complejos dedicados al fraude en línea, la prostitución, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con CCTV, el grupo llegó a emplear hasta 10 mil personas en su momento de mayor expansión, muchas de ellas extranjeras, incluidos numerosos ciudadanos chinos. Varios sobrevivientes han denunciado que fueron víctimas de trata y obligados a participar en estafas por internet bajo amenazas, vigilancia armada y castigos físicos.
Uno de los complejos más conocidos vinculados al grupo era la llamada “Villa del Tigre Agazapado”, desde donde se coordinaban sofisticadas operaciones de fraude digital dirigidas a víctimas en distintos países. La capital regional, Laukkaing, se convirtió durante años en el epicentro de una industria multimillonaria de estafas, favorecida por la escasa presencia del Estado y la corrupción local.
Las investigaciones oficiales también documentaron episodios de violencia extrema. En octubre de 2023, cuatro personas murieron cuando presuntos miembros del grupo abrieron fuego dentro de un complejo de estafas, en un intento por trasladar a trabajadores tras recibir información sobre una posible redada policial.
Entre los ejecutados figuraban Ming Guoping, hijo del líder del clan y jefe de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang; Ming Zhenzhen, nieta del fundador Ming Xuechang; y Wu Hongming, líder de otro sindicato criminal que, según la fiscalía china, conspiró con la familia Ming. Ming Xuechang, quien incluso había sido miembro del parlamento regional, se suicidó en 2023 mientras se encontraba detenido, según informaron medios estatales chinos.
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La ofensiva legal de China contra el fraude digital
Las ejecuciones forman parte de una ofensiva más amplia lanzada por Beijing para desmantelar las redes de ciberestafa que operan en el sudeste asiático. Tras años de quejas de familiares de personas atrapadas en estos centros y un creciente escrutinio internacional, China intensificó su cooperación con países de la región y emitió órdenes de arresto contra líderes criminales en 2023, ofreciendo recompensas de entre 14 mil y 70 mil dólares por información que condujera a su captura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró tras las ejecuciones que el gobierno continuará reforzando sus acciones para “erradicar el flagelo del juego y el fraude”. Según medios estatales, las autoridades consideran este tipo de delitos una amenaza directa para la seguridad de sus ciudadanos, tanto dentro como fuera del país.