Puebla, Pue., 12 de febrero de 2026.
Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la continuidad
institucional en el servicio público, la diputada local del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, presentó ante el Congreso del Estado una
iniciativa de reforma a la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción
en los Poderes Públicos del Estado de Puebla.
La propuesta incorpora una nueva figura legal denominada “Informe de Diagnóstico
Institucional”, mediante la cual toda gestión entrante estará obligada a presentar, en
un plazo máximo de 30 días hábiles, un diagnóstico técnico, objetivo y verificable
sobre la situación real en la que recibe la dependencia, ayuntamiento u organismo
público.
Este informe deberá contener información clave sobre:
• La situación administrativa y organizacional del ente público
• El estado financiero y presupuestal
• Los programas, proyectos y metas institucionales
• La situación jurídica y posibles litigios
• Observaciones de órganos de fiscalización
• Riesgos institucionales relevantes para el cumplimiento de funciones
La diputada Delfina Pozos señaló que, en la práctica, los actuales procesos de
entrega-recepción resultan insuficientes para conocer el estado real de las
instituciones, lo que abre la puerta a la opacidad, a la simulación de
responsabilidades y a retrasos en la detección de irregularidades administrativas o
actos de corrupción.
“La ciudadanía merece saber en qué condiciones se entregan y se reciben las
instituciones públicas. Gobernar no puede seguir empezando con excusas ni
diagnósticos improvisados”, subrayó la legisladora
La iniciativa cobra especial relevancia ante los constantes cambios en el gabinete
estatal, donde en muchos casos las nuevas personas titulares han reconocido no
contar con información clara sobre el estado de las dependencias que encabezan, lo
que afecta la toma de decisiones y la continuidad del servicio público.
Además, el Informe de Diagnóstico Institucional deberá remitirse al órgano interno de
control correspondiente y ponerse a disposición del Poder Legislativo y de la
sociedad, conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a la
información. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta
administrativa y sancionado conforme a la ley.
Con esta propuesta, Delfina Pozos afirmó que se avanza hacia un gobierno más
abierto, responsable y profesional, en el que cada nueva gestión asuma con
claridad lo que recibe, lo que encuentra y lo que debe corregir.