22 de abril del 2026
En sesión vespertina presencial, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), fundamentó el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Moreno Rivera expresó que hoy se toma una decisión para proteger de manera real y efectiva al patrimonio natural, a los ecosistemas y, en consecuencia, el futuro de México.
Como Poder Legislativo, la Cámara de Diputados fue el origen de esta reforma, la cual fue canalizada y modificada por la colegisladora en ejercicio de sus atribuciones. El dictamen que se pone a consideración parte del principio de que quien daña el medio ambiente debe enfrentar consecuencias reales, proporcionales y efectivas, subrayó.
Expresó que en ese sentido se fortalece el marco penal para sancionar conductas que lastiman gravemente al país, como la tala ilegal, el tráfico de especies y el uso indebido de sustancias peligrosas, que no sólo afectan a la naturaleza sino también comunidades enteras.
Puso como ejemplo el caso de una empresa que descarga residuos tóxicos en un río: no solo contamina el agua, también afecta la salud de las personas, destruye actividades productivas y compromete el futuro de generaciones, por lo que “con esta reforma esta conducta se sancionará con mayor severidad, incluyendo penas de prisión y sanciones económicas que realmente inhiban estas prácticas”.
Moreno Rivera puntualizó que lo mismo ocurre con la tala ilegal en áreas naturales protegidas, pues no es lo mismo cortar un árbol que devastar un ecosistema completo con fines de lucro. Por ello, cuando esas conductas se realizan con violencia o en zonas protegidas, las penas aumentan de manera significativa.
Mencionó que el dictamen no solo endurece sanciones, también corrige aspectos fundamentales para garantizar una justicia efectiva. Uno de los puntos centrales es la determinación de las sanciones económicas, ya que la colegisladora propuso sustituir el esquema de días multa por el de Unidades de Medida y Actualización, y “esta Comisión ha decidido insistir en la redacción original aprobada por esta soberanía, con plena justificación jurídica y práctica”.
Detalló que, si bien la reforma constitucional de 2016 estableció que el salario mínimo no debe utilizarse como referencia para fines ajenos a su naturaleza, el Código Penal Federal, en su artículo 29, permite establecer sanciones en días multa vinculadas con la capacidad económica del infractor.
Eso –añadió– es fundamental, porque la sanción no debe ser igual para todos, sino proporcional a los ingresos de quienes cometen el delito ambiental. Muchos de estos ilícitos generan beneficios económicos significativos. Por ello, establecer multas fijas pueden convertirlas en un costo más de operación para grandes empresas; en cambio, el sistema de días multa permite al juzgador la sanción logrando un impacto real y disuasivo. “No se trata de multar por multar, sino de que la sanción realmente inhiba esta conducta”.
Subrayó que en delitos de tráfico de especies protegidas como la totoaba, el pepino de mar, no basta una sanción simbólica, se requiere afectar directamente las ganancias ilícitas para desincentivar estas prácticas.
Además, se ha discutido la excepción para personas del medio rural. La colegisladora propuso incorporarla expresamente en el artículo 418 del Código Penal Federal; sin embargo, esta Comisión considera que ya se encuentra previsto en el artículo 423, el cual establece que no se configura el delito cuando estas actividades se realizan para satisfacer necesidades básicas en comunidades rurales, indígenas o afromexicanas. De ahí, que no es necesario duplicar disposiciones ni generar posibles contradicciones normativas.
Aseguró que “esta reforma no criminaliza la subsistencia, no criminaliza a quien corta leña para cocinar o a quien aprovecha recursos para su vida diaria. Está dirigida a quienes destruyen el medio ambiente con fines de lucro y ponen en riesgo nuestro patrimonio natural. Durante años los delitos ambientales han sido subestimados. El resultado es evidente: ecosistemas degradados, especies en riesgo y comunidades afectadas”.
El diputado de Morena comentó que hoy se tiene la oportunidad de corregir ese rumbo. Con este dictamen se fortalece el marco penal, se cierran espacios a la disponibilidad y se envía un mensaje claro en México: el medio ambiente se protege con todo el rigor de la ley.