Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Abril 27 del 2026.- La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Daniela Stephanie Pérez Calderón, rechazó que los convenios de coordinación en materia de recaudación del impuesto predial sean inconstitucionales o que impliquen que el Estado se apropie de los ingresos municipales, al calificar estas versiones como falsas.
Mediante rueda de prensa, la funcionaria explicó que este tipo de mecanismos existen a nivel nacional, donde 891 municipios en 26 entidades federativas cuentan con convenios similares, los cuales les permiten acceder al 30% de los ingresos excedentes del Fondo de Fomento Municipal, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Indicó que durante varios años, los municipios de Puebla no han podido acceder a estos recursos adicionales debido a la falta de esquemas de coordinación administrativa, situación que comenzó a atenderse desde el inicio de la actual administración mediante mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ese sentido, recordó que el pasado 15 de mayo de 2026 se reformó la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus municipios, con el objetivo de facilitar la firma de convenios que permitan a los ayuntamientos acceder a estos beneficios, sin que ello implique la pérdida de atribuciones establecidas en la Constitución.
La titular señaló que estos convenios, vigentes desde 2015 en algunos casos, buscan que los municipios aprovechen la infraestructura técnica del gobierno estatal para mejorar sus procesos de recaudación, a través de herramientas como los módulos CIS y una red de 861 puntos de pago distribuidos en instituciones bancarias y establecimientos comerciales.
Señaló que, tras la aprobación de la reforma y la notificación a los 217 municipios, diversas demarcaciones han mostrado interés en adherirse a este esquema, destacando que más de 90 municipios —incluido el de Puebla— ya han aprobado en cabildo su participación.
Para ello, reiteró que estos acuerdos no afectan la autonomía ni la soberanía municipal, ni implican la cesión de recursos al Estado, sino que tienen como finalidad fortalecer la hacienda pública local, incrementar la recaudación del predial y permitir que los municipios accedan a mayores ingresos que deberán destinarse a obras y acciones en beneficio de la población.