29 de abril del 2026
Con la unanimidad de 422 votos, la Cámara de Diputados aprobó dictamen que establece que los titulares de las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, acorde a las necesidades y funciones en los centros de trabajo, garanticen, respeten y protejan los derechos humanos de los menores de edad que tengan más de dieciséis años y brinden el apoyo y las facilidades para que concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.
El documento, que adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
En el régimen transitorio precisa que los titulares de las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal en sus distintos niveles podrán coordinarse con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para establecer las acciones necesarias en la ejecución del presente decreto, las cuales deberán adaptarse a sus necesidades y funciones.
Además, el dictamen indica que de conformidad con los datos de la estadística “a propósito del Día de la Administración Pública de 2019” del INEGI, se puede observar que sobre todo en las administraciones municipales prevalece una brecha educativa con 60 por ciento de servidores públicos sin educación o educación básica.
Por su parte, el “Censo Nacional de Gobierno Federal 2023” refleja que el 3.3 por ciento de mujeres y el 5.2 por ciento de hombres que trabajan en la administración pública de los distintos órdenes de gobierno a nivel municipal, estatal y federal no cuentan con educación básica, por lo que la adición de un párrafo segundo en el artículo 13 promueve una mejora estructural en la capacitación de los trabajadores menores de edad, con efectos positivos tanto en la productividad como en el servicio público.
Hace notar que el Estado debe respetar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la educación entre sus propios trabajadores, estableciendo mecanismos institucionales que lo hagan posible, como programas de alfabetización, validación de saberes y horarios flexibles. Al fortalecer la formación de sus empleados, el Estado se fortalece a sí mismo, consolidando una administración pública más humana, competente y comprometida con la transformación social.