30 de abril del 2026
Con la unanimidad de 455 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para su incorporación al sistema IMSS-Bienestar, el acceso a una vivienda adecuada y la entrega obligatoria de pensiones no contributivas.
El dictamen que reforma el primer párrafo y la fracción XI del articulo 7; el articulo 18 el primer párrafo del articule 21 y la fracción II del artículo 44 se adicionan un segundo párrafo al artículo 7, una fracción I BIS al artículo 21, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de estas personas a gozar del más alto nivel posible de salud, enfocado a su rehabilitación y habilitación de quienes viven con discapacidad permanente, y dará prioridad a menores de dieciocho años.
También, atenderá sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, incorporará de forma gratuita al IMSS-Bienestar a toda persona con discapacidad que así lo requiera.
Precisa que las personas con discapacidad tendrán derecho a una vivienda adecuada. La Secretaría de Bienestar hará entrega de la pensión no contributiva por discapacidad permanente a toda persona menor de sesenta y cinco años, conforme a los ordenamientos legales correspondientes.
Además, se sustituye el concepto de Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.
El documento, canalizado al Senado para sus efectos constitucionales, menciona que se incorporan mecanismos concretos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, que constituyen un avance sustantivo en la materialización del principio de justicia social.
Considera importante garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad al ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política, mediante la armonización de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con las recientes reformas al artículo 4° constitucional.
La armonización resulta indispensable para dotar de certeza jurídica y carácter exigible a los programas sociales orientados a este sector de la población, permitiendo su consolidación como derechos establecidos por el Estado mexicano, subraya.
Enfatiza que es fundamental fortalecer el marco jurídico que faculte a las instituciones públicas a operar conforme a los principios de inclusión, accesibilidad, equidad y no discriminación, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.
La reforma es un avance humano, social y de justicia
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) mencionó que la finalidad es la armonización de la reforma constitucional para el apoyo para personas con discapacidad, y mencionó que la discapacidad no reside en la persona que enfrenta alguna limitación sino en el entorno que no garantiza accesibilidad, igualdad de oportunidades o un trato digno, obstaculizando la participación plena y efectiva de todas y todos.
Reconoció que las oportunidades para las personas con discapacidad continúan sido escasas, la dificultad para acceder a una educación de calidad deriva de la falta de infraestructura incluyente y adecuada, las barreras de accesibilidad en el transporte, las limitaciones para acceder de manera oportuna y digna a los servicios de salud. “Tenemos una deuda histórica con este sector de la población”.
El dictamen –dijo– representa un avance humano, social y de justicia para contribuir a un país más incluyente. El Estado garantizará la habilitación y rehabilitación de las personas que viven con discapacidad permanente dando prioridad a las personas menores de 18 años.
También, reconoce el derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años y más, incorpora de forma gratuita al IMSS-Bienestar a todas las personas con discapacidad que así lo requieran, y reafirma el derecho a