27 de mayo del 2026
La Comisión de Reforma Política-Electoral, que preside el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), aprobó el dictamen que plantea reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a fin de establecer como anulación de la votación de una casilla cuando existan actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio en la casilla correspondiente.
Las y los integrantes de esa instancia legislativa también aprobaron el dictamen que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de crear un marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
El primer dictamen, que deriva de una iniciativa del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), fue aprobado por 27 votos a favor y diez en contra.
Considera como violaciones graves a los principios constitucionales rectores de la función electoral aquellas conductas provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales federales o locales.
Refiere que la nulidad de la elección procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional, hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta resulte grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección.
Define como actos lesivos para la integridad, independencia y soberanía de la nación en materia electoral, entre otros, la injerencia extranjera en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital; la intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales.
Asimismo, la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular; la vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional.
También, los actos que impliquen apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden constitucional o democrático del Estado mexicano; y cualquier otra conducta que, conforme a la valoración jurisdiccional, comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio.
Estipula que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver, en términos de la legislación aplicable, sobre la actualización de las causales de nulidad previstas en este artículo, valorando las pruebas aportadas bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad.
Aclara que la nulidad de la elección solo podrá declararse cuando las violaciones acreditadas resulten determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la elección correspondiente.
El diputado Lobo Román explicó que la reforma armoniza la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral con el mandato constitucional de defensa de la soberanía nacional estableciendo con precisión cualquier intervención extranjera como causal de nulidad en las elecciones federales y electorales.
“Actualmente existe una omisión legislativa en la ley secundaria, lo que dificulta a las salas del Tribunal declarar la posible invalidez por intervención extranjera de manera objetiva y material”, precisó.
Al hablar en contra del dictamen, el diputado de MC, Pablo Vázquez Ahued, externó que es una propuesta llena de ambigüedades, potenciales discrecionalidades y uso arbitrario en su manejo, además de que abre de manera excesiva el espectro de criterio para abordar las causales de nulidad.
Al adelantar su voto en negativo, Abigail Arredondo Ramos, legisladora del PRI, consideró que la democracia en México no está en riesgo por el extranjero o gente fuera de nuestro país, sino que está amenazada por parte del crimen organizado. “No busquemos pretextos del exterior, empecemos en casa”.
Del PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez expresó que la democracia no solo debe defenderse en las urnas; también debe protegerse de intereses externos y presiones ajenas que puedan influir en la voluntad de las y los mexicanos. “Esta reforma es fundamental respaldarla”.
Para el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) la propuesta y el dictamen fueron presentadas en “desaseo, realizado a las carreras y mal redactado”. Señaló que nadie está invadiendo a nuestro país y lo único que se pretende es anular las elecciones por parte de la autoridad.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) mencionó que la reforma precisa que la nulidad de la elección procederá cuando haya prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y la conducta resulte dolosa y determinante para el resultado
En tanto, el diputado Sergio Gil Rullán (MC) opinó que se discute politiquería y banalidad pues la Constitución ya es clara en este motivo, mientras que en la congeladora hay iniciativas como la que propuso su grupo parlamentario para una reforma electoral alternativa completa con leyes primarias y secundarias.
Del PRI, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que propuso legislar para que los partidos políticos que tienen vínculos directos con el crimen organizado o el narcotráfico pierdan su registro y que las y los candidatos no solo pierdan la candidatura, sino que haya justicia en las y los municipios.
El diputado del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, dijo que, si bien esta situación ya se encuentra prevista en el artículo 40 de la Constitución, no se cuenta con los elementos normativos para determinar la ruta que se debe seguir en caso de que se detecte una infracción de esta naturaleza.
En su intervención, Fernando Torres Graciano, diputado del PAN, indicó que la propuesta llega con una redacción imperfecta, con ambigüedad y genérica, sumado a que no se ha dimensionado la gravedad de la iniciativa que vuelve más vulnerable al sistema electoral.
A su vez, el diputado José Narro Céspedes aseguró que se trata de una reforma patriótica y nacionalista que busca defender las libertades y la democracia de México.
Integridad en candidaturas
Las y los integrantes de la Comisión también aprobaron por 28 votos a favor y nueve en contra, el dictamen a la iniciativa presidencial que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Establece la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que estará conformada por cinco consejeras y consejeros electorales, quienes serán elegidos por un periodo de tres años por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). La presidencia de la Comisión será rotativa y designada anualmente entre las y los integrantes de la propia Comisión.
Tendrá por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
Esta información podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
Propone que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo; además, indica que una vez que los partidos políticos reciban la información de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinará sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.
Al respecto, el diputado Lobo Román hizo notar que esta reforma establece la creación dentro del INE de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, define el objeto de esta figura y estipula el carácter voluntario de la entrega de información, preservando la autonomía de los partidos.
Agregó que dicha Comisión operará con estricta confidencialidad, presunción de inocencia y debido proceso y no sustituye funciones judiciales ni criminaliza, sino que proporciona información técnica y objetiva para que los partidos tomen mejores decisiones.
Consideró que “elevar la calidad de las candidaturas en todo el espectro político fortalece la confianza ciudadana en las instituciones de representatividad, incentiva procesos internos de selección más rigurosos y transparentes”.
Para el diputado Vázquez Ahued esta reforma debió analizarse de manera detenida, a fin de que crear un mecanismo eficaz y serio de combate a la delincuencia organizada en la política, por lo que anunció que su voto sería en contra y que llevará al Pleno reservas en la materia.
La diputada del PRI, Abigail Arredondo Ramos, recordó que toda la ciudadanía quiere candidatas y candidatos limpios y gobernantes que no tengan lazos con el crimen organizado; sin embargo, esta reforma “lastima a la democracia, ya que plantea la perpetuación del poder”.
Por el PT, la diputada Maribel Martínez Ruiz expuso que las adecuaciones buscan evitar que la delincuencia organizada se disfrace de candidatas o candidatos que corrompen la práctica parlamentaria y de manos amigas como la intervención extrajera, por eso va nuestra firma como aval de este dictamen”.
José Luis Fernández Martínez, diputado del PVEM, aseveró que el dictamen permitirá que lleguen al servicio público perfiles dignos y es una respuesta a la ciudadanía para fortalecer la democracia y prevenir riesgos en los procesos de postulación y generar mayores elementos de revisión.
La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) mencionó que el dictamen se queda corto y limitado, porque no establece sanciones dirigidas a cancelar las candidaturas, perder registros de partidos políticos y que vayan a la cárcel quienes tengan estos vínculos.
De Morena, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes sostuvo que el objetivo es “poner un tope al crimen organizado, por lo que debería ser aprobado por consenso”. Reconoció que aun falta por hacer para que todos los partidos políticos sean corresponsables, pero este es el primer paso.
El diputado Gil Rullán exhortó a la Comisión “a no ser una oficialía de partes, sino entrar al debate para que la ciudadanía tenga la seguridad y la certeza de que sus representantes son mujeres y hombres dispuestos a entregar su vida al servicio público y no a los poderes fácticos. Le entramos a esta discusión sí, a este dictamen no”.
En su turno, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) dijo que esta reforma está muerta “porque pretenden vender como una solución lo que en realidad es un mecanismo de control político y eso no combate al narco político, sino da al gobierno una herramienta para fabricar enemigos”.
El diputado Pedro Vázquez González (PT) comentó que el objetivo central de la reforma es fortalecer la integridad de las candidaturas y establecer los mecanismos que permitan prevenir cualquier intento de infiltración de intereses extranjeros o ilícitos en la vida democrática del país.
Por el PVEM, el diputado Carlos Alberto Guevara Garza manifestó que el dictamen tiene como propósito claro establecer mecanismos eficaces de coordinación e intercambio de información entre el INE, los partidos políticos y las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia e inteligencia financiera, a fin de prevenir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a cargos de elección popular.
La legisladora del PAN, Ana María Balderas Trejo, dio a conocer que su voto sería en contra, toda vez que el dictamen va en contra de la realidad que vive el país.
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, diputado de Morena, resaltó que la creación de la Comisión de Idoneidad de Candidaturas es un mecanismo adecuado para evitar que perfiles con posibles vínculos con la delincuencia tengan acceso a cargos de poder.
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