15 de junio del 2025
Con el objetivo de fortalecer la armonización normativa entre la legislación estatal y el marco jurídico federal que regula la fiscalización superior, para otorgar certeza jurídica respecto del alcance de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
La propuesta considera aquellos supuestos vinculados con la fiscalización de recursos federales, participaciones federales y gasto federalizado, para evitar posibles conflictos competenciales y garantizar una adecuada coordinación institucional con la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, incorpora diversas precisiones relacionadas con las entidades fiscalizadas y los sujetos de revisión, con el propósito de adecuar la terminología empleada en la legislación estatal a los conceptos actualmente reconocidos por el Sistema Nacional de Fiscalización.
La diputada destaca como aspecto relevante de la propuesta la incorporación de mecanismos de fiscalización por medios electrónicos, pues «la transformación digital de las instituciones públicas constituye una necesidad impostergable frente a los desafíos que actualmente enfrenta la administración pública, particularmente en materia de eficiencia operativa, optimización de recursos, simplificación administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de control gubernamental».
En este sentido, la iniciativa prevé la incorporación de un Buzón Digital como mecanismo institucional para la realización de comunicaciones oficiales entre la Auditoría Superior del Estado y las entidades fiscalizadas. Con esta herramienta se podrán realizar notificaciones, requerimientos, presentación de información, envío de documentación y demás actuaciones relacionadas con los procedimientos de fiscalización, garantizando condiciones de seguridad, autenticidad, integridad y certeza jurídica en las comunicaciones institucionales.
«Incorpora la posibilidad de presentar denuncias por medios electrónicos, ampliando los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de vigilancia y control del ejercicio de los recursos públicos. Esta medida contribuye a facilitar el acceso de las personas a los mecanismos institucionales de denuncia y fortalece las capacidades de detección temprana de posibles irregularidades administrativas o financieras», añade la propuesta.