17 de agosto del 2026
La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer la prevención, la coordinación entre autoridades y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
La propuesta busca que la prevención deje de depender únicamente de acciones reactivas y se traduzca en obligaciones concretas y verificables para las autoridades municipales.
Entre sus principales planteamientos se encuentra fortalecer la comunicación entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Civil para compartir oportunamente información hidrológica, hidráulica y meteorológica; establecer el monitoreo continuo de ríos, cauces, barrancas y vasos reguladores identificados como de alto riesgo; y obligar a los ayuntamientos a implementar programas preventivos de limpieza, mantenimiento y desazolve de drenajes, alcantarillas, redes pluviales y cauces de competencia municipal.
La iniciativa también propone que los refugios temporales sean revisados y preparados antes de una emergencia, verificando sus condiciones de seguridad, accesibilidad, capacidad y equipamiento. Asimismo, plantea fortalecer la evacuación preventiva cuando exista un riesgo inminente de inundación, desbordamiento o deslizamiento, sin esperar necesariamente a que exista una declaratoria de emergencia cuando la demora pueda poner en peligro a la población.
Un elemento central es que estas acciones deberán considerar a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y demás personas que requieran asistencia para evacuar o acceder a los refugios. La propuesta también contempla información preventiva en lenguaje claro, formatos accesibles y, cuando corresponda, lenguas indígenas.
“No podemos controlar la intensidad de la lluvia, pero sí podemos reducir los riesgos”, sostuvo la legisladora, al señalar que la falta de coordinación, limpieza, información o
preparación no debe convertirse en un factor que agrave las consecuencias de un fenómeno natural.
Soledad Amieva enfatizó que la propuesta respeta las competencias de cada orden de gobierno y busca fortalecer la capacidad del Estado y los municipios para actuar con oportunidad frente a los riesgos.