28 de agosto del 2026
Con el inicio del proceso de consulta previa, libre e informada en Puebla, en torno a la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) participó en calidad de observadora, con el propósito de verificar que este proceso se desarrolle bajo los principios de libre determinación, participación efectiva y pertinencia cultural.
La consulta sobre la propuesta de Ley General en la materia inició este viernes en el pueblo nahua de San Miguel Canoa, junta auxiliar del municipio de Puebla. Esta es la primera de cinco asambleas regionales que se llevarán a cabo en el estado, bajo la organización del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Durante estas cuatro asambleas programadas en la entidad (San Miguel Canoa, Huauchinango, Cuetzalan y Tehuacán), la CDH Puebla estará presente para observar y documentar que se generen las condiciones necesarias para una consulta efectiva, incluyendo los recursos materiales y lingüísticos que permitan la participación de los siete pueblos originarios de la entidad: Náhuatl, Tutunakú, N’giva, Otomí, Mazateco, Mixteco y Tepehua. Asimismo, se vigilará que las comunidades puedan expresar sus planteamientos sin presiones, condicionamientos ni interferencias.
Tal como esta Comisión ha expresado públicamente, es necesario que el proceso legislativo reconozca y atienda la diversidad cultural, lingüística y organizativa de los pueblos y comunidades indígenas, evitando modelos uniformes de participación que desconozcan sus propias instituciones, autoridades y sistemas de toma de decisiones.
Durante su participación en esta asamblea regional, la CDH Puebla instaló un módulo de atención ciudadana, donde brindó orientación, recibió quejas y difundió información sobre los derechos humanos y los mecanismos disponibles para denunciar posibles vulneraciones.
Esta renovada Comisión reitera su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante un quehacer ético, riguroso y crítico que contribuya a que la consulta no sea un mero ejercicio formal, sino un proceso verdaderamente participativo, informado, intercultural y respetuoso de la libre determinación de los pueblos y comunidades.