10 de septiembre del 2026
La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla.
La propuesta busca fortalecer la prevención y detección de posibles casos de trata de personas y explotación sexual, particularmente en establecimientos que, por sus características o funcionamiento, pueden presentar factores de riesgo, como bares, centros nocturnos, cabarets, establecimientos con espectáculos para adultos, hoteles, establecimientos de hospedaje y salas de masaje.
Mediante la iniciativa, se plantea que los establecimientos cuenten con un Protocolo Interno para la Prevención, Detección y Atención de Posibles Casos de Trata de Personas y Explotación Sexual, el cual deberá contemplar capacitación periódica del personal, identificación de factores de riesgo, medidas para evitar la revictimización y mecanismos de comunicación inmediata con las autoridades.
Cada establecimiento sujeto a la regulación deberá designar a una persona encargada de implementar y verificar el cumplimiento del protocolo, atender reportes y coordinarse con las autoridades. Además, deberán contar con medios accesibles para solicitar auxilio, como botón o teléfono de emergencia, sistemas de comunicación directa y números visibles para pedir ayuda. También, deberán colocarse avisos accesibles sobre mecanismos de emergencia, denuncia y atención de posibles casos de trata de personas y violencia.
El cumplimiento de estas medidas deberá acreditarse para obtener o renovar la licencia, permiso, autorización o refrendo correspondiente, conforme a las disposiciones aplicables.
La propuesta también refuerza la responsabilidad de las autoridades municipales, que deberán exigir la acreditación de estas medidas al momento de autorizar, renovar o refrendar el funcionamiento de los establecimientos sujetos a la regulación. El incumplimiento podrá generar las medidas administrativas y sanciones que correspondan conforme a las leyes aplicables.
Con ello, se busca que la prevención de la trata de personas forme parte de las condiciones mínimas para el funcionamiento de determinados establecimientos y que las autoridades cuenten con herramientas más claras para detectar situaciones de riesgo antes de que puedan convertirse en delitos.