Por MANUEL CENTENO:
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Septiembre 24 del 2026.- La Asociación Civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Trabajo, solicitaron al Congreso del Estado reactivar las investigaciones relacionadas con las diputadas Nay Salvatore y Graciela Palomares, tras la polémica generada por expresiones hacia los adultos de la tercera edad que realizaron en un podcast y que, señalaron, constituyen un acto de discriminación.
En representación de la organización, el asesor jurídico Manuel Carmona, acompañado de otros integrantes y colectivos ciudadanos, informó que acudieron al Poder Legislativo para exigir que se dé seguimiento a este caso, el cual, afirmó, no debe quedar en el olvido ni sin consecuencias.
El abogado explicó que, además de esta exigencia, también presentaron una iniciativa de reforma constitucional para establecer requisitos de escolaridad a quienes aspiren a una diputación local, al considerar que actualmente los criterios son mínimos y no garantizan una adecuada preparación de los representantes populares.
Indicó que esta propuesta, que ha sido denominada mediáticamente como “Ley Salvatore”, busca evitar que personas sin la formación adecuada ocupen cargos legislativos, aunque aclaró que el nombre no pretende ser un reconocimiento, sino un llamado a mejorar el perfil de quienes integran el Congreso.
En ese sentido, solicitaron la apertura de foros de consulta pública en los que participen universidades, organizaciones civiles y colegios profesionales, con el objetivo de que sea la ciudadanía quien defina si es necesario modificar la Constitución local en este rubro.
Así mismo, adelantaron que iniciarán una ronda de acercamientos con las distintas fracciones parlamentarias para promover el análisis de la iniciativa y lograr consensos que permitan su eventual discusión en el Pleno.
A la par, el abogado comentó que también se presentó y ratificó una denuncia penal por el delito de discriminación en contra de las legisladoras, al considerar
que sus declaraciones no constituyen un hecho menor, sino una conducta sancionable conforme al Código Penal.
Señaló que, ante la eliminación del fuero para diputados en Puebla, estos casos pueden ser investigados sin necesidad de procedimientos especiales, por lo que exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad y dar seguimiento a la denuncia.
Además, también criticó la posibilidad de que las diputadas involucradas busquen incorporarse a otros partidos políticos, al considerar que este tipo de acciones deben ser evaluadas por la ciudadanía, especialmente de cara a futuros procesos electorales.