28 de septiembre del 2026
La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para crear un Registro Confidencial de Personal de Establecimientos de Alto Riesgo, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir y detectar posibles casos de trata y explotación de personas.
La propuesta contempla que establecimientos como bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculos, salones de masajes, hoteles, baños y vapores, entre otros, proporcionen a los Ayuntamientos información actualizada sobre el personal que labora en sus instalaciones.
La iniciativa plantea que la información del registro tenga carácter confidencial y sea utilizada para labores de prevención, inspección y detección de posibles situaciones de riesgo.
Entre los elementos que podrían generar una alerta se encuentran movimientos inusuales de personal, discrepancias entre las personas registradas y quienes efectivamente trabajan en el establecimiento, la participación recurrente de intermediarios o denuncias reiteradas relacionadas con violencia o explotación.
Como parte de la propuesta, también se plantea que los establecimientos de alto riesgo tengan la obligación de garantizar a sus trabajadoras acceso gratuito, especializado y confidencial a atención psicológica, así como orientación sobre sus derechos y, cuando ellas lo decidan, canalización hacia las instituciones correspondientes.
La propuesta establece además consecuencias administrativas para los establecimientos que incumplan con estas obligaciones, incluyendo la negativa para el otorgamiento o renovación de licencias y permisos municipales, conforme al marco legal aplicable.
Delfina Pozos señaló que actualmente las autoridades pueden conocer información relacionada con las licencias y giros de los establecimientos, pero no necesariamente
cuentan con herramientas para identificar quiénes trabajan en ellos, desde cuándo, cuándo dejan de hacerlo o si existen patrones que puedan representar una señal de alerta.
La legisladora aclaró que el objetivo no es perseguir, criminalizar ni estigmatizar a las personas que trabajan en estos lugares, sino generar mecanismos que permitan protegerlas y facilitar la intervención de las autoridades cuando existan indicios de violencia, explotación o trata.
Pozos Vergara subrayó que una alerta no significa que una persona sea culpable ni que necesariamente sea víctima de trata, sino que representa una señal para que las autoridades cuenten con información suficiente para investigar y actuar oportunamente.
“El Estado no debe llegar tarde. Debemos contar con herramientas que permitan detectar las señales antes de que una persona se convierta en una víctima invisible para las autoridades”, sostuvo Delfina Pozos.