12 de octubre del 2026
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), aprobó en lo general y particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, para actualizar diversos derechos; entre ellos, los de servicios migratorios y consulares, agua y materia sanitaria, certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola, bienes de la nación, espacio aéreo y ferroviario.
Con 27 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones avaló en lo general el dictamen que deriva de una iniciativa remitida por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 8 de septiembre, y por 22 votos en pro, 9 en contra y cero abstenciones, en lo particular y con modificaciones. Se turnó a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
El diputado Antonio Altamirano explicó que el objetivo es dar continuidad a la política fiscal en materia de derechos, mantener actualizada la Ley Federal de Derechos y asegurar su congruencia con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como el uso, goce o aprovechamiento de los bienes públicos de la nación.
Indicó que se busca incorporar y reconocer en la Ley las nuevas figuras previstas en las disposiciones sectoriales, a fin de mantener actualizado su contenido y brindar certeza en la aplicación de los derechos que correspondan.
En materia de servicios –añadió– se actualizan cuotas para alinearlas con el costo operativo que representa su prestación para las dependencias y órganos desconcentrados, entre ellas las correspondientes a servicios migratorios y consulares, inscripción en el Registro Nacional de Valores, inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, prórroga o modificación de títulos en materia de aguas nacionales, y diversos servicios relacionados con la vida silvestre, materia forestal y prevención y control de la contaminación.
Respecto de los servicios prestados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el cobro de los derechos de inspección y vigilancia –explicó– ha mostrado en los últimos años una tendencia de crecimiento acelerado, incrementando la carga para las entidades supervisadas. Por ello, se propone sustituir la cuota adicional por un factor que permita reflejar, con mayor precisión, el costo en que incurre la comisión por la prestación de dichos servicios.
Comentó que se actualizan las cuotas correspondientes a 29 servicios prestados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios relacionadas con la recepción y evaluación de solicitudes y, en su caso, la inspección de permisos, autorizaciones, licencias, registros y certificados sanitarios. La finalidad, es fortalecer la correspondencia entre las cuotas y el costo actual de los servicios, evitando que una parte de este sea absorbida por la autoridad sanitaria y se genere un subsidio implícito al regulado.
Las actualizaciones no se plantean como una medida recaudatoria, sino como un mecanismo para contribuir a la sostenibilidad operativa de la función regulatoria y al cumplimiento de los objetivos de modernización institucional impulsada por el Estado.
También, incorpora el pago de derecho por la modificación del registro de armas de fuego, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional para supervisar la posesión y el destino de las armas de fuego en el país.
En cuanto al uso, explotación o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, se hacen ajustes orientados a reconocer de manera más adecuada el valor asociado a su aprovechamiento, procurando al mismo tiempo evitar efectos adversos que puedan limitar el crecimiento y el desarrollo de las actividades económicas del país.
Mientras que, en materia de servicios relacionados con el espacio aéreo, se plantea que los ingresos generados permitan una mayor inversión en el sector, con beneficios como la reducción de demoras mediante sistemas modernos de gestión del tránsito aéreo, la optimización de trayectoria y rutas con menor consumo de combustible y emisiones, una mayor seguridad operacional mediante sistemas de vigilancia y comunicaciones digitales, y mayor previsibilidad que facilite la planeación de las aerolíneas y contribuya a mejorar su puntualidad.
El diputado precisó que los artículos que se incorporan son: en el octavo, se actualiza la cuota del derecho por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Se ajusta la distribución de los ingresos recaudados por este derecho para destinar el 26 por ciento de los mismos al Instituto Nacional de Migración. Los montos que actualmente recibe la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los que se destinen a la Tesorería de la Federación (Tesofe) no tendrán afectación.
En el artículo 22, se actualizan diversas cuotas de derechos por servicios consulares y los relativos del artículo 27 constitucional, con el objetivo de que las cuotas reflejen los costos que le representa a la Secretaría de Relaciones Exteriores la prestación de los servicios a su cargo.
También, en el artículo 29-B se renuevan diversas cuotas de los derechos por servicio relacionado con la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de que los derechos reflejen adecuadamente los costos actuales en que incurre la comisión para la prestación de dichos servicios.
En el artículo 31-B, respecto del derecho de inspección y vigilancia a las Afores, se propone sustituir la cuota adicional prevista en el artículo 31-B, fracción I, por un valor de 0.1750 al millar, a efecto de contar con una mecánica de determinación más estable que evite el crecimiento acelerado del derecho.
Asimismo, en el artículo 86-A se integra en un mismo supuesto normativo la expedición de los certificados fitosanitarios, zoosanitarios y de sanidad acuícola para importación y se establece una cuota uniforme para los tres servicios, en virtud de que los costos son equivalentes.
En el 174, se establecen los derechos relativos a la expedición prórroga de las autorizaciones para el uso temporal del espectro radioeléctrico en los supuestos de entornos de prueba y experimentación controlados para habilitar el acceso dinámico y uso compartido del espectro radioeléctrico, con el propósito de facilitar la coexistencia de distintos servicios de radiocomunicaciones en una misma banda de frecuencia.
l artículo 236 se mencionan las cuotas del derecho por extracción de materiales en función del tipo de material extraído, de manera que la ubicación geográfica deje de ser el elemento determinante de la cuota aplicable. En el 244, se establece la reducción en un 12 por ciento de las cuotas de los derechos aplicables a las bandas de servicios móviles correspondientes a las frecuencias de 2.5 GHz y todo lo demás por el uso del espectro radioeléctrico.
Artículo 289, se actualizan las cuotas de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano mediante actividades aeronáuticas locales, nacionales o internacionales.
Posicionamientos
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) resaltó que con esta reforma 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas abren gratis sus puertas y se liberan recursos para conservar, restaurar e investigar el patrimonio; fortalece la conectividad porque se baja el 12 por ciento del costo del espectro para telefonía móvil; las visas consulares tienen un solo precio y desaparecen los cobros de agua que ya no tenían sustento. Se crean derechos para revisar los planes de protección portuaria y certificar para los oficiales que cuidan los puertos, y “paga quien usa y aporta más quien más aprovecha”.
Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández anunció su voto en contra al considerar que el dictamen no contiene únicamente actualizaciones administrativas, sino aumentos que puedan repercutir en salud, transporte, turismo, construcción y servicios que utilizan millones de personas. “El caso más preocupante son los aumentos excesivos en el sector salud que cobra la Cofepris, porque son servicios vinculados con la salud de la ciudadanía”, la licencia sanitaria para servicios de transfusión pasa de mil 482 pesos a 17 mil 349 pesos.
Mario Alberto López Hernández, diputado del PVEM, subrayó que la Ley Federal de Derechos es un instrumento fundamental para garantizar que el Estado mexicano cuente con un marco jurídico actualizado para el cobro de los derechos por los servicios que presta por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. La propuesta de actualización para 2027 busca fortalecer la correspondencia entre las cuotas que se cobran y los costos de los servicios públicos, así como mantener actualizado el régimen aplicable a los bienes nacionales.
A su vez, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) precisó que el dictamen plantea medidas diferenciadas, incrementos en determinados derechos migratorios, consulares, financieros y por el uso del espacio aéreo; reducciones selectivas en las cuotas por aprovechamiento de ciertas bandas del espacio radioeléctrico, ajustes técnicos en materia de descargas de aguas residuales y la eliminación del cobro de entrada en 53 recintos culturales federales. Se contribuye a actualizar el marco jurídico y mejorar la regulación de los bienes y servicios públicos.
Por el PRI, el diputado Christian Mishel Castro Bello comentó que se prometió no crear ni aumentar contribuciones; sin embargo, hoy se tienen nuevos cobros e incrementos que deben evaluarse por sus efectos reales sobre las familias, las empresas y las comunidades. “Defendemos una hacienda pública responsable, servicios eficientes y reglas que no conviertan al ciudadano en la solución permanente a los problemas del gasto de gobierno”. Por estas razones, votaremos en contra de este dictamen, porque México no necesita un gobierno que cada vez cobre más; necesita un gobierno que haga más con los recursos que ya tiene”.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) reconoció que hay modificaciones positivas en el dictamen, y que el Estado debe cobrar por sus bienes y servicios, pero también rendir cuentas de lo que hace con ese dinero, porque sí preocupa dónde va ese dinero. “MC quiere un Estado que recaude bien, que cobre con proporcionalidad, explique cuánto cuesta, mida resultados y no convierta cada trámite en una nueva carga, porque detrás de cada derecho, cada cuota y cada porcentaje siempre hay alguien pagando y casualmente siempre es el pueblo de México”.
Posturas a favor y en contra
Para la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) las reformas a la Ley General de Derechos son un pilar fundamental para la arquitectura de las finanzas públicas del país, y parten de la primicia de recuperar el costo real de los servicios que presta el Estado y actualizar el valor del aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación; no hay incremento en el costo de los pasaportes mexicanos ni altera la tarifa de uso aeroportuario, sino ajusta las cuotas para visitantes extranjeros que no realizan actividades remuneradas y actualiza los esquemas en los sectores ferroviario y financiero.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) al hablar en contra, afirmó que hay un incremento indiscriminado que se propone al derecho de no residente y su finalidad es financiar el costo del Tren Maya, ya que se empezó con una cuota de 500 pesos y ahora se proponen más de mil 500 pesos, un incremento del 140 por ciento en ocho años. “Ya no saben de dónde sacar dinero para financiar el Tren Maya y sumado a ello, esta la desgracia del sargazo y, en consecuencia, la afectación al turismo”.
A su vez, el diputado Emilio Lara Calderón (PRI) dijo que México necesita recaudar, pero, también necesita creer, generar empleos formales, atraer inversiones y fortalecer a sus pequeñas y medianas empresas. “No podemos analizar los ingresos públicos de manera separada ignorando posibles consecuencias sobre la actividad económica, cada incremento debe estar justificado con un estudio de impacto real y una explicación transparente del destino de los recursos”.
Del PT, el diputado Luis Armando Díaz comentó que lo que se paga por usar los bosques, la vida silvestre o zonas arqueológicas es lo que permite cuidarlos, vigilarlos y restaurarlos. “Las reformas contenidas en este dictamen no es otra cosa más que justicia fiscal y las consideramos importante, ya que esto va en el sentido de seguir transformando al país”.
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, mencionó que en este dictamen se derogan los derechos por transmisión de títulos de concesión en línea con la reforma de Ley de Aguas Nacionales que eliminó las transmisiones entre particulares. “Se traslada la carga financiera y las sanciones a quienes producen alimentos y generan empleos”, agregó.
La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) señaló que el dictamen incorpora ajustes a los procedimientos de reserva de los derechos exclusivos, incluyendo aquello relacionado con eventos artísticos y culturales. “Acompañamos esta propuesta, reconociendo la importancia de contar con reglas específicas en este tipo de sectores, en la prestación de servicios públicos y bienes nacionales en México”.
El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) propuso un régimen de gradualidad para incrementos extraordinarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es decir, que los aumentos que superen sustancialmente la inflación entren de forma progresiva y que la Secretaría de Hacienda y Cofepris entreguen la memoria técnica de costos que los justifiquen.
Del PT, el diputado José Antonio López Ruíz refirió que es importante lo que pase en conectividad y desarrollo regional donde hay incentivos y descuentos del 100 por ciento, siempre y cuando esto se fortalezca en las comunidades rurales y prioritarias. También, indicó que se fortalece la supervisión financiera y ambiental.
José Narro Céspedes, diputado de Morena, señaló que con la Ley Federal de Derechos se toman decisiones sobre el patrimonio de México, el agua, servicios radioeléctricos, de infraestructura ferroviaria y los servicios que presta el Estado. Dijo estar a favor del dictamen porque combina medidas para fortalecer los ingresos públicos con incentivos para la inversión, mayor certeza administrativa y acceso a bienes culturales.
Discusión en lo particular
Del diputado Carol Antonio se aceptaron sus reservas, al artículo 8º párrafo I fracción primera, a fin de disminuir el incremento planteado en la iniciativa y en el proyecto de dictamen sobre la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, al pasar de mil 334.80 pesos a mil 158 pesos, lo que
Adicionalmente, se modificó la distribución de los porcentajes a la que se refiere el artículo 18-A párrafo primero para quedar: 57 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.
También, a los artículos 232-C y 232-D, con el propósito de actualizar la clasificación prevista en la Ley Federal de Derechos y, en consecuencia, las cuotas aplicables por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal marítima, terrestre y de los ambientes costeros como bienes de dominio público de la nación, en atención a la evolución de las condiciones territoriales, económicas, turísticas y ambientales de los municipios costeros.
Se reforma el artículo 232-D, a fin de actualizar la clasificación de algunos municipios que cuentan en su territorio con playas, zona federal marítima, terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito marítimo, para la que la clasificación prevista corresponda a las condiciones actuales de los municipios respectivos y con las características del uso, goce o aprovechamiento de dichos bienes de dominio público de la nación.
En la zona 1 se incorpora al municipio de San Nicolás del estado de Guerrero; se reclasifica el municipio de La Huerta del estado de Jalisco, de la zona 3 a la zona 4; se reclasifican diversos municipios del estado de Quintana Roo como Felipe Carrillo Puerto de la zona 2 a la 4, Lázaro Cárdenas de la 4 a la 6, Othón P. Blanco de la 4 a la 8, Isla Mujeres de la zona 8 a la 10, y en Cozumel se elimina la referencia de la subzona establecida en la zona 11. Se modifica el artículo 232-C, que establece las cuotas aplicables por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la Zona Federal Marítima Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.
Se propone reclasificar el municipio de Mazatlán, del estado de Sinaloa, por la zona 8 a la 11. Respecto al municipio de Progreso del estado de Michoacán, se reclasificó de la 4 a la 8. Con relación al municipio de Santa María Colotepec del estado de Oaxaca, se reclasifica de la zona 2 a la zona 8.
La instancia legislativa aceptó la reserva presentada por el diputado Reginaldo Sandoval (PT) para modificar los artículos 198, 288, 288 A-1 y 288 A-2 de la Ley, a fin de establecer una exención a favor de las y los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que los domingos accedan a las Áreas Naturales Protegidas dentro de las cuales se ubiquen museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas a que se refiere el artículo 288 de la propia ley.
Planteó armonizar los beneficios fiscales aplicables al cobro de derechos por el acceso a las áreas naturales protegidas con los criterios de exención del Instituto Nacional de Antropología e Historia modificando los supuestos de exención a los menores de 13 años y de las personas adultas mayores que cuenten con 60 años o más.
Asimismo, la exención para estudiantes y docentes supeditado a solo a la acreditación correspondiente. Y se adiciona un beneficio de no pago para personas de comunidades indígenas ubicadas en municipios colindantes a las Áreas Naturales Protegidas, siempre que acrediten su domicilio mediante identificación oficial vigente.
Del mismo modo, se actualiza la referencia del artículo 288-A- 2 para que, en lugar de referirse al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, sea a la Secretaría de Cultura.
La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) planteó reserva a los artículos 3, 8 y 18-A y la adición de un transitorio, el diputado Francisco Javier Estrada Domínguez (Morena) al artículo 184 fracción 18, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) en el artículo 8º, y la diputada Marcela Michel López (Morena) al artículo 236 párrafo nuevo a la fracción VIII, las cuales no se aceptaron a discusión o bien fueron retiradas.