El clamor en la calle: una deuda histórica con nuestra salud

Esta semana concluyó con una postal difícil de ignorar: miles de manifestantes marchando con firmeza en reclamo de un Seguro Social digno, eficiente y humano. Mientras desde los escritorios oficiales se insiste en presentar cifras halagüeñas e informes de avance, las calles gritaron una realidad radicalmente distinta, vivida día a día por los trabajadores y sus familias.

Quienes salieron a marchar no lo hicieron por capricho ni por agenda política; salieron movidos por la urgencia. Protestar por el desabasto de medicamentos, la saturación de las citas médicas, las salas de espera abarrotadas y el deterioro de la infraestructura no es un acto de desestabilización: es un acto de legítima defensa. El Seguro Social no es una dádiva gubernamental; es un derecho conquistado y financiado con el esfuerzo, las cuotas y el trabajo de millones de personas.

Exigir que las aportaciones de la clase trabajadora se traduzcan en atención médica oportuna, insumos básicos y trato digno para los pacientes —y también para el personal de salud que trabaja al límite de sus capacidades— es lo mínimo que se le puede demandar al Estado.

Ignorar o descalificar la voz de esta marcha sería un error grave. Las autoridades tienen ante sí la obligación no solo de escuchar, sino de responder con acciones concretas y presupuestos transparentes. Respaldar a los manifestantes del Seguro Social es defender la salud como un derecho fundamental, no como un privilegio postergable.

Durante décadas, el sueño de convertirse en médico o enfermera en el interior de Puebla venía acompañado de un costo amargo: armar la maleta, abandonar la comunidad y enfrentar los caros alquileres de la capital. Quien no tenía para el camaje o la renta, simplemente veía desvanecerse la vocación. Por eso, la inauguración de la segunda etapa de la Universidad de la Salud (USEP) en Izúcar de Matamoros por parte del gobernador Alejandro Armenta no es solo una entrega de infraestructura; es un acto de justicia territorial.

Con una inversión superior a los 61 millones de pesos, la Mixteca no solo gana un complejo moderno con aulas, laboratorios y simuladores de parto para más de dos mil estudiantes; gana arraigo. La verdadera riqueza de llevar la educación superior a 13 municipios radica en que los profesionales de la salud que se formen ahí atenderán a su propia gente, entendiendo sus necesidades, su contexto y sus carencias.

Evitar que las y los jóvenes sean rechazados y descentralizar las oportunidades es la vía correcta para curar, desde la raíz, el histórico déficit de atención médica en nuestras regiones más vulnerables. Bien por la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal. Ojalá este esfuerzo mantenga la exigencia en la calidad académica, porque formar a quienes salvarán vidas no permite atajos. La Mixteca hoy no solo recibe aulas, recibe esperanza.

En la política local, los números siempre han sido moldeables, pero lo ocurrido tras el reciente informe de Pepe Chedraui cruza la frontera de la estadística para entrar de lleno en el terreno de la ficción. Chedraui presentó sus cifras con el aplomo de quien entrega cuentas claras, pero al salir del recinto, el veredicto en las calles y en las mesas de discusión fue unánime: nadie le cree.

El problema no es solo la discrepancia entre el discurso y la realidad, sino el abismo que existe entre las láminas de colores proyectadas en su presentación y lo que el ciudadano de a pie vive al salir de su casa. Decir que la seguridad mejora mientras los comercios bajan la cortina temprano o presumir avances en infraestructura cuando las calles de la capital parecen un muestrario de baches no es solo un error de cálculo; es un insulto a la inteligencia colectiva.

Pepe Chedraui prefirió construir un relato cómodo para sus invitados de honor en lugar de asumir el desgaste de la verdad. Sin embargo, gobernar a base de «otros datos» tiene un costo muy alto. Cuando la brecha entre la narrativa oficial y el bolsillo (o la tranquilidad) del ciudadano se vuelve insostenible, la narrativa se rompe.

Hoy el alcalde enfrenta un problema más grave que la crítica de la oposición: la desconexión total con la ciudadanía. Y cuando la gente deja de creer en las cifras de un gobernante, pierde la fe en su capacidad para gobernar.