21 de octubre del 2026
Por Ariel Martínez
Aceptémoslo: durante años, el tema del río Atoyac ha sido el ejemplo perfecto de la cultura del pelotazo. El gobierno culpaba a las empresas por tirar desechos, la industria señalaba a los municipios por la falta de infraestructura, y mientras todos se lavaban las manos, el río se seguía muriendo a la vista de todos.
Por eso resulta un acierto que la mesa de trabajo encabezada por el gobernador Alejandro Armenta no se haya quedado en la clásica foto oficial ni en las buenas intenciones. Integrar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum con compromisos concretos de la industria local es el único camino lógico si de verdad se quiere cambiar el destino de la cuenca.
Lo interesante de este anuncio radica en dos puntos clave: recursos y pragmatismo. La propuesta de destinar cerca de 300 millones de pesos para conectar el agua tratada con el campo y las plantas industriales rompe con la lógica tradicional. No se trata solo de limpiar el agua para regresarla al cauce y cruzarse de brazos, sino de reutilizarla, aliviar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y cerrar la llave a la contaminación. Eso es economía circular aplicada a la realidad.
Además, ofrecer incentivos a las empresas que inviertan en saneamiento demuestra sentido común. La fiscalización es necesaria, pero la colaboración funciona mucho mejor cuando hay reglas claras y beneficios mutuos. Si a esto se le suma un diagnóstico georreferenciado para vigilar las zonas críticas y una proyección presupuestal garantizada hasta 2030, la estrategia deja de parecer un parche de sexenio para convertirse en un plan de largo alcance.
Puebla necesita que esta alianza entre sector público y privado funcione de verdad. Ya no hay margen para la simulación; la salud de nuestras comunidades depende de que cada peso anunciado y cada planta de tratamiento prometida se traduzcan en un río limpio.
