4 noviembre 2026.- (EXONLINE) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre las contrataciones de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La fiscalización abarcará 25 años de compras y contratos para identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores, esquemas de subcontratación y prácticas que pudieran afectar el manejo de los recursos públicos.
La decisión contempla tres líneas de trabajo, investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además de la revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
De acuerdo con la ASF, las indagatorias derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas, donde se identificaron indicios de posibles anomalías en operaciones relacionadas con las autoridades electorales.
Uno de los principales objetivos será reconstruir el historial de adquisiciones del sistema electoral mexicano entre 2000 y 2025.
El análisis permitirá identificar cómo evolucionaron las contrataciones, qué empresas concentraron los contratos y si existieron patrones de operación que pudieran apuntar a prácticas contrarias a la legalidad.
La investigación también examinará las relaciones comerciales entre grupos empresariales, proveedores y servidores públicos, para determinar si hubo mecanismos que limitaron la competencia en las licitaciones o favorecieron a determinadas compañías.
La ampliación de las investigaciones no se limitará a las compras históricas. La ASF anunció una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, así como la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los Organismos Públicos Locales Electorales.
Esto permitirá examinar tanto los recursos administrados por la autoridad electoral nacional como el presupuesto federal transferido a los organismos encargados de organizar los comicios en las entidades federativas.
La fiscalización busca detectar posibles irregularidades en el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y los procedimientos utilizados para contratar bienes y servicios.
La Auditoría Superior señaló que los trabajos se desarrollarán dentro de sus atribuciones legales, bajo criterios de independencia y rigor técnico.
La ampliación de las investigaciones ocurre después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos identificadas en dos grupos empresariales que contrataron con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales, según los datos presentados por el titular de la ASF.
Entre los elementos que llamaron la atención de los auditores se encuentran posibles esquemas de subcontratación entre empresas de los mismos grupos empresariales, proveedores con pocos trabajadores y mecanismos que presuntamente pudieron simular competencia en los procedimientos de contratación.
Estos aspectos forman parte de las investigaciones para determinar si existieron prácticas que afectaron la transparencia de las adquisiciones o el uso adecuado del presupuesto público.